La decisión del juez de sobreseer a todos los implicados en el juicio de los helicópteros Drhuv cayó como una bomba sorpresiva y ha merecido, en general, el rechazo de la opinión pública. Es entendible esta reacción. El caso reunía los elementos necesarios para que se lo considere un grave delito que habría causado un perjuicio al Estado, con el agregado de muertes, destrucción de los helicópteros y hasta un asesinato que parece claramente vinculado a este proceso. Recordemos que el sobreseimiento tiene los mismos efectos de una sentencia absolutoria.
El juez considera básicamente que no hay ningún elemento de convicción que pudiera justificar un llamamiento a juicio de los dieciocho imputados; y que el Estado ecuatoriano no ha sufrido con este contrato ningún perjuicio económico.
También es sorpresiva la afirmación de que, luego de varios años de investigación, no haya ninguna prueba sobre la presunta culpabilidad de los implicados. ¿Estuvo mal enfocada la investigación? ¿Se estableció con precisión la esencia del acto delictivo y la participación de los presuntos responsables? Aunque ignorando los detalles, sospecho que la pretensión de encontrar tantos culpables a lo largo de los años, debilitó a la acusación y terminó por no justificarla.
Discrepo totalmente de la afirmación de que no hay delito por cuanto el Estado no sufrió un perjuicio económico. Aunque la ley exija que los autores de peculado deben tener un afán de lucro, hay varias posibilidades que podrían permitir que el Estado no sufra un daño patrimonial, entre ellas, como en este caso, el pago de un seguro.
Pero esta teoría olvida algo fundamental: el peculado es un delito que no solo afecta al patrimonio del Estado. Lesiona, en primer lugar y con mayor gravedad, a la correcta administración pública, a la honestidad de los servidores públicos.