Desde que la Corte Constitucional señaló al peculado como causal de juicio político para el Presidente de la República, el país ha asistido a un verdadero sainete político de mal gusto.
Se ha visto a los legisladores en apuros, buscando recopilar pruebas contundentes que no terminan de llegar. En sus angustias, lograron deshacerse del presidente de la comisión de fiscalización. Pero, esa movida les ha complicado más para los promotores, porque el legislador removido, ahora desde afuera, goza de mayor libertad para esgrimir sus argumentos jurídicos en contra de la estructura del juicio político.
Frente a la ciudadanía, lo actuado por los legisladores deja mucho que desear. Desde la pobre argumentación; la poca solvencia; los errores cometidos; hasta la falta de idoneidad de sus proponentes, lo que han logrado, es reforzar la mala percepción que tienen los ecuatorianos acerca de la actoría política que inmerecidamente ha llegado a ese espacio.
Si bien la fiscalización es una herramienta válida de control político, ésta debe ser usada en estricto apego a la Constitución y debe ser aplicada con rigurosidad. Por lo tanto, lo que debió haber sucedido, es que las imputaciones en contra del Ejecutivo, debieron esgrimir pruebas contundentes. De esa forma, no quedaría duda de la veracidad respecto de las infracciones o delitos que se le imputan al primer mandatario. Pero ha ocurrido todo lo contrario.
Mientras el país sigue esperando leyes que les soluciones los problemas que más les preocupan, una Asamblea desconectada e insensible de las necesidades del pueblo, mantiene en vilo la estabilidad del país, anteponiendo sus intereses por sobre la democracia.
Así las cosas, no queda más que reaccionar en contra de este mal precedente. El país necesita legisladores que al menos conozcan bien la constitución y sus mecanismos. Que honren la dignidad que representan. Porque al final del día, resulta que este juicio político no tiene ni pies ni cabeza.