La reacción iracunda al reclamo respetuoso de Solca, al que tienen legítimo y legal derecho basados en la Constitución y el Código Monetario aprobado por la Asamblea en septiembre del 2014 y sancionado por el Ejecutivo, demuestra los niveles de intolerancia que se vive.
Ni la tarea destacada que realiza esta institución, sin fines de lucro, se libra. Quizás se quiere que se viva el país del cementerio, en donde no se reclamen los derechos ni se diga ni se haga nada en contra, que todo sea el silencio del sepulcro y que solo hable el panteonero o enterrador de un futuro de esperanza.
La disposición décimo cuarta del Código Monetario señala que las personas que reciban operaciones de crédito, incluyendo el diferido con tarjetas de crédito, de financiamiento, compra de cartera, descuentos de letras de cambio y operaciones de reporto con entidades del sector financiero privado pagarán una contribución del 0, 5 % del monto de la operación. Es decir, es un aporte ciudadano, ninguna dádiva del Estado.
Las entidades del sector financiero privado actúan como agentes de retención, pasan a la cuenta única del tesoro nacional y esta contribución debe ser destinada al financiamiento de la atención integral del cáncer.
La disposición es clara: el financiamiento a favor de los diferentes núcleos de Solca será transferido por el Ministerio de Salud Pública de forma trimestral y anticipada.
Esto no se ha cumplido en su totalidad (recién con el reclamo acaban de transferir estos días 15 millones USD) y complicaría las labores normales de Solca, que no puede esperar porque está en juego la vida de miles de pacientes, que agradecen la atención de esta institución.
Hoy, en medio de la crisis y la falta de recursos por el enorme gasto público, se quiere cuestionar lo que ellos mismo aprobaron. Solca está manejada por gente reconocida y seria y su actuación no es politiquera como califica el oficialismo.
Como los directivos de Solca han usado el medio impreso para pronunciarse, en forma respetuosa pero clara y que advierte la gravedad de la situación si no se transfieren oportunamente los recursos, generó la iracundia del poder porque molestan los reclamos que afectan la imagen política del régimen en un tema tan sensible.
Exhiben argumentos demagógicos al decir que si no pueden atender que pasen al sector público, pero el problema no solo es con Solca sino también contra quienes padecen de cáncer. Un respetable legislador cuencano, ex catedrático y que hace poco dejara el bloque oficialista, recibió una arremetida por el “delito” de discrepar y pedir que no haya impunidad y se sancionen actos de corrupción en su provincia.
El caso de las irregularidades en Coopera en esta administración. Lo que pasa es que aquí se quiere que se viva en un ambiente de camposanto, en donde no se reclame nada públicamente que afecte la imagen del régimen.