Fueron zaheridos, vilipendiados, perseguidos y, muchos, arrinconados. Durante la década pasada, ser viejo en el Ecuador se volvió un estigma, un estorbo, casi una vergüenza. Legiones de ellos fueron echados de la cátedra, los hospitales y diversas entidades, cuándo estaban en su mejor momento de lucidez y su propia vida constituía la mejor pedagogía para las nuevas generaciones.
Fruto del estrés, la preocupación y el acoso algunos enfermaron, pero otros tuvieron la fortaleza para reinventarse y emprender insospechadas tareas, solo compatibles con la dignidad que dan los años de una vida honesta.
Pero, he aquí que hoy es justamente un viejo, que además fue injuriado de manera infame, quien preside el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, organismo que acaba de echar abajo el andamiaje que montaron quienes planearon perpetuarse en el poder, cobijados por un manto de impunidad y manipulando, desde la justicia, todas las instancias de control del Estado.
La decisión del Consejo Transitorio es un grito por la independencia de esa justicia. Con el cese de los miembros del Consejo de la Judicatura, Ecuador se habrá liberado del órgano administrativo que persiguió, amedrentó y castigó a los jueces cuyas decisiones no concordaban con sus intereses, lo que sirvió de baza para controlar los fallos; a la vez que propiciaba que el poder político usara la justicia para castigar y perseguir a sus enemigos o lograr adhesiones de los favorecidos.
Los argumentos del informe para cesar al Consejo de la Judicatura son incontrastables. El país es testigo que tenían conflicto de intereses con el Ejecutivo, empezando por su presidente al haber sido ministro y secretario del Presidente de la República, o porque la matriz de trabajo de los vocales estaba vinculada al correísmo, lo que anulaba la imprescindible independencia que su delicado papel imponía. Qué decir del error inexcusable, figura usada por la Judicatura, al desgaire.
Bajo el liderazgo de Trujillo, el Consejo Transitorio, en tres meses, ha dado un viraje al destino de la nación, al cesar a cuestionados funcionarios y designar reemplazos temporales. Pero el desafío por delante es enorme: en los tres meses que le restan, tiene que designar, mediante procesos de impugnación y veeduría ciudadana, al procurador general del Estado, los superintendentes, al defensor del Pueblo, al contralor general del Estado, al fiscal general de la Nación, hoy en manos de encargados; así como remozar vocalías del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
“Hace falta toda una vida para aprender a vivir”, decía Séneca. Con certeza, pensaba en los viejos. A los 87 años, Julio César Trujillo vive a plenitud. Es el funcionario con más credibilidad en el país, que le reconoce como su reserva moral. Con las decisiones del ente que preside, Ecuador bien podría apostar por su regeneración ética.
Columnista invitada