El 11 del presente mes se dio a conocer que el presidente Lasso ha dispuesto que se realice la convocatoria para el ingreso de 5.000 aspirantes a policías, que se sumarán a los 65.000 miembros de la Institución, y que en noviembre se abrirán las puertas para otros 5.000, ya que el propósito del Primer Mandatario es llegar, durante su administración, a 80.000 guardianes para el combate a la delincuencia que ha llegado a niveles alarmantes en el país.
Sin duda es un paso acertado y plausible, pero, en cambio, se considera desacertado que los aspirantes ya seleccionados para que efectúen el curso de capacitación “tengan que llevar su propia cama, colchón y armario; los uniformes también serán costeados por ellos mismos. Pero eso no es todo, la alimentación durante todo el período que dure el curso es otro rubro que saldrá de los bolsillos de los aspirantes a policías del Ecuador…”, según informó este Diario.
Surge la pregunta: ¿Cómo es posible que personal ya seleccionado “para fortalecer la capacidad operativa y los niveles de seguridad ciudadana…”, tenga que cubrir todos esos gastos?
Más aún, los cursos que eran planificados para dos años de duración han sido reducidos a la cuarta parte, esto es a medio año, lo cual, como es obvio, pone en evidencia que los nuevos policías no completan el plan de estudios básicos ni el entrenamiento físico.
Problemas que el Gobierno y el Mando Policial deben analizar. Otro dato preocupante es que en las pruebas efectuadas a decenas de miles de postulantes la Comisión de Selección ha establecido que la mayoría no tiene vocación para esa carrera sino que se presentan por falta de trabajo o de posibilidad de estudio, situación que también registran las bandas criminales y de narcotraficantes, que aprovechan que miles de personas, especialmente menores de edad, se encuentran en la desocupación, para reclutarlos e incluirlos en sus pandillas que los entrenan para los papeles de sicarios y traficantes de drogas.