Un proyecto de Ley Agraria preparado para la Asamblea Nacional ha levantado un avispero. Las organizaciones de propietarios y varios medios de comunicación han cuestionado que una nueva ley cambie el statu quo y permita la redistribución de tierras. Los dirigentes campesinos e indígenas presentarán nuevos proyectos y defienden la necesidad de la redistribución de tierras. El Ministerio de Agricultura prepara su propio proyecto.
Desde la primera mitad del siglo XX los campesinos lucharon por la Reforma Agraria y un sector de terratenientes pugnó por la modernización del campo. Resultado de ello fue una reforma muy parcial realizada en los sesenta y principios de los setenta, que desmanteló el viejo latifundio, repartió menos del 10% de la tierra entre los campesinos, acentuando el minifundio, e hizo avanzar el capitalismo en el campo.
En los noventa, en el momento de mayor auge del neoliberalismo, se aprobó una ley para el desarrollo agropecuario que paró la distribución de tierras y promovió empresas agrícolas capitalistas, desechando las demandas campesinas. Los dirigentes de la Conaie y legisladores indígenas de entonces no solo aceptaron la ley a cambio de unos pocos cambios superficiales, sino que fueron en masa al Palacio a apoyar su expedición. Un triunfo del presidente Durán Ballén, pero una derrota del movimiento campesino, cuyos responsables jamás han respondido por su acto de claudicación.
Para la gran mayoría de los campesinos del país, los privilegios alcanzados por algunos de sus dirigentes y las conquistas de tipo cultural de los noventa no fueron suficientes. Siguen reclamando tierra, créditos y obras complementarias. Las organizaciones de campesinos, indígenas y negros, especialmente la Fenocin, han levantado la bandera de un cambio en el agro, reforzados por la prometida Revolución Agraria del Gobierno.
Revolución Agraria es un término propagandístico muy ambicioso, pero más allá de la retórica deberíamos aspirar a una Reforma Agraria Integral, que establezca condiciones de distribución de tierras, garantías para los productores y mayores recursos de crédito e infraestructura para ellos.
Un cambio agrario serio no será popular entre los terratenientes que no quieren cambiar nada, ni entre sus cómplices de la dirigencia indígena que ha engañado a sus bases con ofertas de “territorialidad” y formación de estados dentro del Estado nacional, sin tocar la propiedad de la tierra, que se queda en manos de los hacendados. Ese cambio deberá ser levantado por las organizaciones que promuevan de veras una transformación agraria que redistribuya y modernice.
Este será un examen de cuán ‘revolucionario’ es este Gobierno, que tiene un Ministro de Agricultura solvente y progresista, pero también presiones duras para que sus enunciados no pasen de allí.