El impacto del covid-19 en la enferma economía ecuatoriana es brutal. El necesario “quédese en casa” ha producido la paralización de las actividades, con el consecuente desempleo, desesperación de quienes viven de la actividad diaria y alto riesgo de cierre definitivo de cientos de empresas. Las desordenadas finanzas públicas están cerca del colapso por los gastos extraordinarios que demanda la atención de la salud, movilización de Fuerzas Armadas y Policía y por la caída de las recaudaciones.
En estas circunstancias todos los ciudadanos deben contribuir para dotar al Gobierno de los recursos indispensables para proteger vidas humanas, aliviar los efectos del virus y mantener viva a la República.
El Gobierno ha enviado a la Asamblea el proyecto urgente Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria que crea dos contribuciones:
La primera, 9 pagos a cargo de las personas naturales que perciban ingresos con o sin relación de dependencia, con una escala progresiva que va desde 2 dólares quienes ganen USD 500 al mes, (0,004%), hasta USD 66.102 quienes tengan ingresos de 250.000 mensuales (26%).
La segunda, a cargo de empresas, con un valor del 5% sobre las utilidades netas obtenidas en 2018, si han sido de al menos USD 1 millón.
Los dos impuestos distorsionan el impuesto a la renta, que es fundamental en las economías de mercado. Dos ejemplos: Una pareja de clase media que tiene ingresos de 10.000 al mes, deberá pagar 9.000 como contribución de los 9 meses y un impuesto a la renta por el ejercicio 2020 de 24.211, es decir un total de 33.211 que significan el 28%. Quien perciba ingresos de 250.000 al mes, pagará 594 918 en los 9 meses y, un impuesto a la renta de 1’032.211, con un total de USD 1’627.129, equivalente al 54%, claramente confiscatorio. La contribución de las empresas ignora las actuales dificultades de caja, causadas precisamente por las restricciones internas y mundiales de la pandemia. Y, además, no proveen ingresos permanentes al Estado, que los necesita con angustia, para superar el inmanejable déficit, que bordea el 10% del PIB.
Mejor alternativa es elevar el IVA, a 15% (en el terremoto, con una crisis mucho menor, se elevó a 14% y además se crearon impuestos a los ingresos y al patrimonio). Cada punto del IVA produce alrededor de 500 millones al año. Los bienes de la canasta básica están, casi en su totalidad, exentos de IVA, con lo cual se afectaría muy marginalmente a los sectores de menores ingresos.
Pero los ciudadanos no deberían dar paso a los nuevos impuestos, si todas las funciones del Estado, cada una en su área, no ejecutan reformas estructurales en los campos laboral y tributario, recortan gastos no indispensables, administran eficientemente los escasos recursos, y destierran, en serio, la corrupción.