La guerra interna contra el narco tráfico y el crimen organizado no deben relegar a un segundo plano la puesta en práctica de una estrategia de recuperación de la economía nacional. Ésta se deteriora al compás de las medidas tomadas desde el inicio del gobierno, con la ausencia de un claro destino hacia la lucha decidida contra la pobreza de una mayoría de la población.
El panorama se agrava por la carencia de recursos para atender las necesidades expresadas en el Presupuesto del Estado y de las que no han tenido cabida en ese instrumento financiero en los montos que determina la ley.
El financiamiento del presupuesto para el presente año debe resolver el problema del saneamiento de las obligaciones pendientes, a las que se sumarán las nuevas necesidades que se han acumulado en forma progresiva. Las fuentes de recursos se remiten a la deuda interna y externa, como ha sido lo predominante en el funcionamiento de la economía nacional, pero ninguna de ellas es previsiblemente accesible en las condiciones actuales.
Un eventual nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional sometería al país a una severa condicionalidad sobre reformas sólidas para asegurar la sostenibilidad de la deuda: fuerte restricción del gasto público y de la inversión pública; focalización a los subsidios a los combustibles; privatizaciones, además de los arquetipos del neoliberalismo nacional, que pugnan por el debilitamiento del Estado.
Los compromisos que tiene el país para el 2024 son enormes. Los atrasos de al menos 3 mil millones de dólares más el servicio de la deuda en el presente año y el déficit con el que se inicia el ejercicio deberán ser atendidos por el Presupuesto General del Estado. Para 2025 la presión de la deuda pública será muy fuerte si se toma en cuenta el pobre crecimiento de la economía, previsto en 0,8 %, menor que el crecimiento de la población, según el ministro de finanzas. El gobierno debe preocuparse para que la economía no explote con el formidable incremento de la deuda.
Las señales dadas por el nuevo marco jurídico aprobado para cumplir con los objetivos en materia económica revelan la carencia de un plan que contenga un proyecto nacional orientado a la reactivación económica basado en un nuevo estilo de desarrollo. La lucha contra el narco tráfico y la delincuencia organizada deben formar una imbricación con la estrategia de crecimiento económico de beneficio para los sectores más desprotegidos.
Se ha perdido de vista que la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico tienen sus orígenes en las precarias condiciones de vida signadas por el desempleo, la desatención del Estado para asegurar condiciones de bienestar y el resquebrajamiento de la institucionalidad. La reactivación económica, especialmente la generación de empleo, se convierte en un elemento estratégico para hacer frente al engrosamiento de las filas del delito al que contribuyen especialmente jóvenes sumidos en la pobreza y la desilusión.
El empleo no se puede crear con disposiciones administrativas sino con un plan que fomente la capacidad de consumo de la población, que presione sobre el incremento de la producción y genere necesidad de la incorporación de nuevos trabajadores. Esa coyuntura adecuada para crear empleo solo la puede dar a luz el Estado, con su política económica que, para alcanzar mayor legitimidad, puede concertarla con el sector privado.
Se debe cambiar la composición de la inversión; lo prioritario para la población pobre es el cuidado de la salud, el seguro social, la educación. El cambio de política debe ser sustantivo. Si se corta la inversión no crece la economía y crece la deuda.