I.- Esta semana que está por concluir, nos despertamos con un nuevo escándalo de presunta corrupción, bautizado por la Fiscalía como “Purga”, el cual salpicaría al PSC ya que uno de sus ex asambleístas y hombre cercano de su máximo líder, sería uno de los principales sospechosos; cuyos oscuros actos de los implicados en el Guayas – de ser ciertos – poco se sabía en Quito, por lo menos en lo que respecta a los espacios ajenos a los corredores de la asamblea y quizás de las cortes de justicia; y, por supuesto, fuera del lamentable y público incesto político de aquel partido con la revolución. Así como el caso Metástasis sería al correismo, Purga pudiera ser al socialcristianismo; claro está que, mientras no exista sentencia condenatoria, se presume la inocencia de los implicados por disposición constitucional. Sin embargo, prudentemente hay que considerar, que los golpes de la Fiscalía generalmente son certeros, fruto de previos trabajos investigativos minuciosos, profesionales y profundos, liderados por la valiente Fiscal D. Salazar, quien regenta uno de los pocos reductos de esperanza institucional, a la cual debemos apoyar y respaldar.
II.- Infortunadamente, habría voces malintencionadas que desde las cuevas de la corrupción, indican que existiría una suerte de contienda oculta, en la cual la Fiscalía respondería con este tipo de actos, frente al latente juicio político en contra de ella; lo cual se entiende que no sería cierto; sin embargo, aquellos pronunciamientos no dejarían de debilitar de alguna manera su accionar. En todo caso, el PSC ya se manifestó públicamente, ratificando que no apoyará el juicio político en contra de la Fiscal.
III.- El tema de fondo, mas allá del cóctel explosivo, mezcla del poder político con la ciega ambición por el dinero, potencializado – en ciertos casos – por los intereses y/o billetes del narco; lo que existe es, un error legal, que se manifiesta en una grosera intromisión de la Asamblea en las instituciones técnicas (no políticas) bajo el pretexto del “juicio político”, en la cual el acusador es también juez, diluyéndose obviamente la necesaria imparcialidad, objetividad y seriedad; y, por si fuera poco, resultando forzado que una gestión importante, técnica e independiente que demanda autonomía y concentración, como es la de la Fiscalía, se pueda ver distraída, amenazada y afectada constantemente por los tentáculos de asambleístas, algunos de ellos con rabo de paja; lo cual, como ya se ha mencionado en una anterior columna, no obsta que, a través de un organismo técnico e independiente, pueda ser, de ser el caso, la Fiscalía monitoreada en el ámbito administrativo, pero no en el político, que en la perspectiva que nos ocupa, representa la antítesis de lo técnico y de la necesaria, evidente y real separación de funciones, y de manera particular la legislativa frente a la de la justicia.
En todo caso, el ex asambleísta, ante esta grave y delicada situación, si se demostrase judicialmente su culpabilidad, su sitial en el purga-torio en función de la prédica de su partido de transparencia y apoyo a la Fiscal General, se trasladaría a los altares, pero del infierno de la política nacional.