Bien se conoce que, desde hace varias décadas, Colombia padece un flagelo nacional que se expresa básicamente en la violencia guerrillera y el narcotráfico, que han alterado la paz social en nuestro vecino del norte.
Un ensayo plausible realizó el presidente Betancour al promulgar un decreto de amnistía, en 1984, a favor de los alzados en armas, para propiciar su reincorporación a la sociedad civil.
Sólo el M19 se acogió a dicha iniciativa y desde entonces constituye un movimiento político activo.
Las demás facciones continúan en una lucha rechazada por la opinión pública por la comisión de diversos ilícitos.
El presidente Pastrana abrió un diálogo orientado a encontrar una solución política al conflicto, especialmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los paramilitares (fuerza creada por el ejército) se pasaron al bando contrario por los incentivos del narcotráfico.
Las buenas intenciones del Mandatario naufragaron en una realidad preocupante.
En 1999 optó por la creación del Plan Colombia, en asociación con los Estados Unidos, con base en un proyecto multidisciplinario técnicamente concebido.
Ante el fracaso de los escarceos pacifistas, surgió el discurso belicista del candidato Uribe, que lo llevó al poder y a la reelección. Su política de seguridad democrática, que incluía mano dura contra la narcoguerrilla, tuvo amplio apoyo popular y debilitó a los violentos.
Pero extremó su celo combativo al propiciar una acción armada en territorio ecuatoriano, que motivó la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de nuestro Gobierno, por una clara violación de la normativa internacional.
Ahora las FARC plantean a los Estados miembros de la Unasur una solicitud inviable para exponer en ese foro regional su “visión sobre el conflicto colombiano”. Previamente le propusieron al Gobierno de su país un diálogo de paz, que ha sido objeto de reparos o de rechazo frontal. La Unasur nada puede hacer obviamente sin el asentimiento de Colombia, que se reservará, por cierto, el derecho soberano de considerar el asunto en el marco de su institucionalidad interna.
El vicepresidente Angelino Garzón puso condiciones terminantes a los peticionarios, en tanto que el ministro de defensa dijo que “con los terroristas no se negocia”.
El presidente Juan Manuel Santos sigue enfrentado a un problema en extremo complejo, en que el pragmatismo no puede hacer concesiones riesgosas, aunque todo esfuerzo por la paz va al encuentro del bien común.
La solidaridad con el pueblo colombiano es un sentir general.