Mediante los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que entró en vigencia el 22 de junio del 2020, se creó la pensión vitalicia para los ex presidentes y ex vicepresidentes de la República, con excepción de aquellos que no hubiesen concluido el período para el que fueron elegidos por causales establecidas en la Constitución y para los convictos con sentencia ejecutoriada por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública y/o agresión o violencia sexual.
Los ex mandatarios y, en caso de su fallecimiento su cónyuge sobreviviente, perciben esta remuneración de 75% del sueldo vigente, justo reconocimiento económico para quienes han servido al país, desde las dos primeras magistraturas, en forma transparente y patriótica. No reciben esta pensión el ex presidente Rafael Correa, prófugo en Bélgica y el ex vicepresidente Jorge Glas, preso en la cárcel 4 de esta capital, pese a su cantaleta de Habeas Corpus, ambos sentenciados por delitos contra la administración pública y con otros juicios pendientes.
Tres asambleístas de UNES, con la complicidad de Luis Almeida, socialcristiano y Eckenner Recalde, ex ID, aprobaron la semana pasada, en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, un proyecto de ley que restituye las pensiones a los dos ex gobernantes y pretende que se les otorgue las remuneraciones que no han percibido en meses anteriores. Este proyecto será sometido a consideración del Plenario de la Asamblea, al igual que la reconsideración de la votación en el juicio político a miembros de la Judicatura, suspendida por maniobras del Presidente del desprestigiado Organismo que, según reciente encuesta de Cedatos, tiene 7.3% de aceptación y 6% de credibilidad.
Y, sin duda, es bien visto el planteamiento del Presidente de la República de que en la Consulta Popular que propone se apruebe la reducción del número de asambleístas.