El sector del transporte en el Ecuador ha gozado por décadas de una serie de privilegios, prebendas y canonjías. Al ser un servicio público clave para el normal desarrollo de las actividades, en varias ocasiones los transportistas han puesto en jaque a gobiernos nacionales y locales.
Desde el día de ayer, 30 de las 65 operadores de transporte de pasajeros de la ciudad de Quito plegaron al paro, generando con ello una serie de molestias en los usuarios al complicarse su movilización.
El pliego de peticiones se resume a tres aspectos: primero, que se eliminen las bandas para la fijación de precios de las gasolinas y del diésel, al mismo tiempo que se implemente un subsidio focalizado para el sector del transporte; segundo, se apruebe el alza de los pasajes y que, en el caso de Quito, se deje sin efecto el cumplimiento de los parámetros de calidad fijados en el Manual expedido por la Secretaria de Movilidad del Municipio de Quito; tercero, se suspenda el concurso para la adjudicación de rutas y frecuencias en el Distrito Metropolitano de Quito. El primer pedido depende más del gobierno central y los dos restantes del gobierno municipal de Quito.
Aunque los transportistas puedan tener parcialmente la razón, plegar al paro en este momento es inoportuno e irresponsable. El Gobierno de Moreno está de salida y no puede, por la presión de nadie, comprometer recursos cuando está claro que uno de los principales problemas que tiene el país es el déficit fiscal. El próximo gobierno requiere en lo que va de este año cerca de 8 mil millones de dólares. Si no hay plata, ¿cómo quieren los transportistas que se elimine la banda de fijación de precios y que, además, reciban un subsidio?
En lo que respecta a lo segundo, la situación social del país no está para ningún tipo de ajuste o subida de los pasajes. El aumento del desempleo, la informalidad, la marginalidad y los índices de pobreza requieren de la urgente intervención del Estado. Subir los pasajes, en este escenario, sería contraproducente. De ahí que, producto del diálogo y la negociación con el gobierno nacional y local, debería fijarse un subsidio (directo o cruzado) al transporte público de pasajeros para que tengan un ingreso adicional que les permita operar adecuadamente, pero al mismo tiempo garantizar al usuario final calidad en la prestación de este servicio.
En lo que respecta a la adjudicación de rutas y frecuencias es necesario mencionar lo siguiente. El alcalde Yunda, justamente por la presión de los transportistas, ha dilatado por mucho tiempo la entrada en funcionamiento del metro de Quito. Una de las decisiones que trae consigo la operación del metro es la reasignación de rutas y frecuencias. Esto no es negociable. El “alcalde los transportistas”, como así ha sido hasta este momento, debe poner por delante los intereses de los quiteños por los de un sector privilegiado que ha estado acostumbrado a mangonear e imponer su criterio.