Desde que el 29 de marzo la Corte Constitucional (CC) dio paso al enjuiciamiento político del presidente de la República, en una decisión que atenta contra el ordenamiento legal, la lógica y la buena fe, era evidente que el país afrontaría una terrible inestabilidad política, económica y social. Y que la Asamblea, sin acatar lo resuelto por la CC, ni los argumentos jurídicos, adoptaría la decisión sobre tema tan trascendental según los votos que logren sumar quienes estén a favor y en contra de la destitución de Lasso. La CC sabía o debía saber que esa es la realidad de la Asamblea Legislativa.
Era evidente que los diputados que controlan la legislatura dejarían de lado los intereses de la nación, para buscar el objetivo del correísmo, que es echar abajo la condena a 8 años de cárcel que pende sobre el caudillo.
La CC llega al descaro de incluir en el párrafo 48 que la falta de las firmas de los solicitantes originales del juicio político no afecta la validez de la solicitud, pues “en esta línea tampoco se advierte algún motivo que, razonablemente, permita inferir que este particular pudo haber modificado la intención original de los asambleístas que respaldaron con su firma la solicitud de juicio político”. ¿Un juez adivinando la voluntad de los actores de un juicio que no firmaron el documento respectivo?
En el párrafo 98 a lo Poncio Pilato “exhorta a la Asamblea Nacional a actuar con extrema responsabilidad y en observancia de la Constitución y la ley durante el trámite de este juicio político”. Ingenuidad, torpeza o mala fe. Y la cereza del pastel, cuando en el párrafo 4 del Dictamen resuelve “Exhortar a los asambleístas y a los órganos de la Asamblea Nacional para que en el futuro procedan con más prolijidad en la tramitación de juicios políticos”. Los 6 jueces de la CC deben responder por los daños inferidos a la nación al dar paso al enjuiciamiento político del presidente de la República.