Una regla para nunca olvidar. No es oportuno querer imponer al braveo lo que oportunamente no se hizo, peor de haber otras motivaciones o intenciones.
En el Ecuador, por lo infame de la comercialización de membretes electorales, hoy, miércoles 23 de diciembre del 2020, estamos a 46 días de los sufragios generales del domingo 7 de febrero del 2021, y aun no se pueden imprimir las papeletas para el binomio presidencial ni las de candidatos a asambleístas.
Un membrete va ya por la tercera fórmula presidencial. Quienes dan la cara por los que han sido desplazados, que son unos, y por los que están queriendo entrar, que son otros, aclaran que no hay dinero de por medio, sino puro patriotismo de quienes le cedieron a unos el membrete – y luego se lo quitaron- y luego a otros –que también fueron desplazados- y recientemente a otros. ¡Qué partriotismo!
La explicación es que hacer un movimiento o un partido político lleva tiempo y costos. Por eso, con la benevolencia de autoridades electorales, hay quienes hacen partidos o movimientos para tenerlos “empaquetados” y poder negociarlos en próximas elecciones. Y son varios los casos producidos.
¿En quiénes está la responsabilidad? Podría decirse, que está en quienes les dan sus votos a adquirentes de membretes. El caso podría ser similar a cuando los candidatos de sectores “narcos”, reciben elevada votación. Hay tanto “billete” para las campañas, que se lavan sus rostros.
Sin duda, hay responsabilidad de las autoridades electorales benevolentes.
Y no es sólo en lo electoral. Es noticia reciente el cuestionamiento del Sercop – Servicio Nacional de Contratación Pública-, a los pliegos de licitación de todo riesgo y responsabilidad civil de Petroecuador. El Sercop desde agosto del 2011, tuvo la competencia para “regular los requisitos, términos y demás condiciones que se observarán” en contratación de seguros para entidades públicas. No lo hizo para los seguros indicados de Petroecuador; y, desde el 2012 los ha tenido una compañía de seguros dependiente del gobierno, con adjudicación directa, hasta el 25 de diciembre del 2016, y desde esa fecha, mediante 16 extensiones, por cortos períodos, que fueron el caldo de cultivo para prácticas de corrupción, en que intervinieron funcionarios de la aseguradora, de Petroecuador y agentes de las reaseguradoras, bajo investigación en Estados Unidos y en el Ecuador. Convocada la licitación, que acabaría con la imposición de esa compañía, el 15 de septiembre del 2020, y ya abiertos los sobres de los ofertantes, conociendo quienes podían ser adjudicatarios y quienes no, Sercop, 43 días después, el 28 de octubre cuestionó los términos de la convocatoria, a días de acabarse la cobertura vigente. ¿Por qué no lo hizo antes?