A fines de 2017, el Presidente dispuso el cierre del catastro minero. Son ya dos años y medio en que permanece cerrado. No se ha podido otorgar nuevas concesiones, registrar cambios en derechos. Quito abunda en representantes de las grandes mineras internacionales que desean invertir en el país, en primera línea mundial para prospectos mineros. Están BHP, Codelco y Angloamerican, las mayores mineras del mundo en cobre, Newcrest, de las mayores en oro, y docenas más. Pero la espera, las desespera. Como que a Ecuador no le interesa esta inversión. Los capitales buscarían otros destinos.
Este tiempo en compás de espera tampoco se ha aprovechado para actualizar y depurar el viejo catastro, para adecuarlo a las necesidades de un país con un activo movimiento de inversiones, que es lo que se daría si el Gobierno removiera tanto obstáculo. Lo que se requiere hacer, para reabrir el catastro minero adecuado a las circunstancias, ya está diagnosticado, gracias a la asesoría técnica del Banco Mundial. Se requiere adquirir un nuevo software, que vale USD 1,4 millones.
A pesar de la estrechez fiscal, tendría plena justificación que Finanzas asigne los fondos para su compra. A lo sumo sería un momentáneo anticipo, puesto que a fines del año pasado el BID aprobó un crédito por USD 42 millones para la reforma y apoyo al sector público (EC-L1250) que incluye financiar el software para el catastro. Han transcurrido más de seis meses desde que el BID aprobó el crédito, pero no culminan los trámites para que se concrete el desembolso.
Con lo que Ecuador requiere, urgente, la reforma del sector público, la reapertura del catastro minero, y que le desembolsen USD 42 millones, no caber darle dilatorias a la firma, y mientras tantos anticipar los fondos para la compra del software.
La reapertura del catastro traerá nuevas inversiones. Las rondas anteriores generaron compromisos de inversión por USD 1 300 millones en cuatro años, y la nueva ronda haría otro tanto. Los compromisos son para las etapas preliminares, si se descubren minas comerciales, la inversión aumenta exponencialmente. Para Mirador, que ya está en etapa de producción, la operadora tiene prevista una inversión de USD 2 mil millones durante la vida de la mina. De aún mayor importancia, es la apertura del catastro crea empleos, y abre las perspectivas que el Estado tenga nuevas fuentes de ingresos, los mineros, para cuando tenga que atender la amortización de la deuda en bonos que está en proceso de reestructuración. No se explica la parsimonia para cerrar la operación con el BID. Peor aún, mantener cerrada, ya por 30 meses, la puerta a la nueva inversión que nos permite abrigar la esperanza que un futuro promisorio nos espera cuando salgamos de la pesadilla que vivimos. La minería no puede esperar más.