Atónitos, nos enteramos que el presidente del Consejo de Participación tiene carné por discapacidad auditiva y visual de 81%. Los problemas audiovisuales se corrigen con lentes y audífonos, y no causan discapacidad, peor 81%. El presidente del organismo cuyo objetivo es la prevención y combate a la corrupción, aparece mirando al entrevistador, escuchándolo y respondiendo. Para el ciudadano común, 81% significa requerir atención permanente y la imposibilidad de realizar tareas cotidianas, peor trabajar.
Para obtener un carné, quienes adolecen de alguna discapacidad y sus familiares, puesto que los de alta discapacidad no lo pueden hacer solos, deben someterse a un trámite riguroso, con múltiples etapas, pasando por diversos funcionarios en un transcurso de varios meses. La norma es, que se asigne la menor calificación posible para la discapacidad del solicitante. A quienes califican se los monitorea, y si califican alto, investigados.
El problema no es que el mecanismo de calificación sea deficiente, sino que los de palanca tienen acceso al carné saltándose los controles. Sin embargo, las autoridades reaccionan endureciendo trámites, restringiendo beneficios, perjudicando a quienes sufren de discapacidad. Los abusadores seguirán evadiendo controles.
El caso más notorio de abuso es el de quienes se mostraron capacitadísimos para montar un operativo para robar millones de dólares a los hospitales públicos, pero poseen carnés con elevadísima discapacidad munidos de los cuales importan carros de lujo.
En respuesta, habrá placa especial para vehículos importados con beneficios. Lo que no afecta al vivaracho con carné chimbo, que siempre estará al volante. Pero el de alta discapacidad rara vez puede conducir. Si un familiar lo va a dejar a un centro de atención o rehabilitación al que asiste regularmente, ¿Lo van a detener de regreso, por manejar el vehículo sin que el beneficiario esté abordo? ¿Si quien adolece de discapacidad está hospitalizado, el vehículo no podrá moverse?
Es generalizado, que para combatir el abuso de los que evaden la ley, se imponen controles que perjudican a la ciudadanía en general, sin afectar a los infractores.
Hoy, las autoridades, ante los rampantes negociados con las medicinas públicas, contemplan obligar a que los medicamentos se sometan a un oneroso proceso de trazabilidad.
No se requiere de trazabilidad, si los hospitales públicos en lugar de comprar a compañías fantasmas, los adquieren a comercializadoras y laboratorios reputados. No se requiere de rastreo sofisticado para determinar el origen de los fármacos que se expenden en la bahía de Guayaquil, cuya caja porta impresa la leyenda “propiedad del IESS prohibida su venta”.
Más fácil que controlar el robo, es contratar un control superfluo, a costilla del usuario. Pagarán justos por pecadores.