Un país que va al garete necesariamente requiere de consensos básicos entre quienes lo integran para, al menos, si se dificulta reencausarlo retardar lo más que se pueda su riesgo de eclosión. Incesantemente varios sectores han reclamado de su dirigencia que se esfuerce en concertar en puntos elementales que otorguen un norte a la nación. Sin embargo, hasta el momento esa tarea ha sido estéril. Cada grupo, sector o gremio sigue enfrascado en su visión y casi nada le mueve a recorrerse un poco para tratar de entender la posición del otro, se sienten cómodos en su subjetividad. El Gobierno, no se sabe si por una estrategia de disipar la atención sobre problemas graves que afligen a al país y a su población, o si por una verdadera vocación de diálogo, ha señalado que en poco convocará a representantes de la sociedad para tratar y acordar acciones sobre temas de relevancia.
Pero todos conocen que para construir consensos, se requiere al menos de dos elementos: en primer lugar, la confianza entre los que intervienen en esas conversaciones, ¿qué acuerdo se puede obrar entre elementos que recelan de sus contrapartes o que les niegan representatividad? El otro punto esencial es que quien convoque al diálogo, en este caso el Gobierno, tenga el liderazgo y la talla moral suficientes como para acercar a las partes, servir como facilitador para limar asperezas y, lo que es trascendental, posea la fortaleza suficiente para convencer a los que participan en el diálogo que, una vez producido el acuerdo, éste será implementado aún si ello le va a inundar de críticas que terminen afectando su imagen.
En forma previa para saber a qué se enfrentan los convocados y lograr que las negociaciones prosperen, hay que identificar los puntos y una visión mínima de lo que se persigue. Los diagnósticos sobran. Hay que partir de una propuesta concreta, en donde de manera clara y precisa quién convoque al diálogo señale lo que espera de ese ejercicio grupal. Que los conozca de antemano la población entera para que, si es del caso, se pronuncie con antelación sobre los aspectos de su interés y que sirvan como insumos para los que participan de las mesas chicas de las negociaciones directas y, si es posible, los recojan.
El producto final debe consistir en los documentos que contengan las reformas concretas al marco jurídico vigente, sin más esperas ni alargues. Teniendo en mano el resultado de esos consensos le corresponderá al Gobierno tratar con las otras funciones del Estado para que los proyectos de ley, resoluciones y demás normas a implementarse cobren vida. Allí está el interrogante fundamental ¿tendrá este gobierno los arrestos suficientes para convocar un diálogo, orientar las discusiones, arribar a conclusiones consensuadas y, finalmente, hacer que se traduzcan en leyes y reglamentos de acatamiento obligatorio? Por el bien de la sociedad en su conjunto ojalá le acompañe el éxito y no se convierta en otra frustración colectiva.