Si la encuesta realizada por Cedatos en las cuatro ciudades más grandes, representa bien lo que piensan los ecuatorianos, debemos concluir que, al aprobar las enmiendas constitucionales, el Gobierno ha contentado al 6,4% de los ecuatorianos y ha disgustado al 86,5% de los ciudadanos que pensaban que debían ser aprobadas en consulta popular y no por 99 diputados sumisos al Ejecutivo.
La publicidad oficial y el coro de repetidores han pretendido hacernos creer que las enmiendas amplían los derechos de los ciudadanos aunque las evidencias muestran lo contrario. Reducen los derechos de los ciudadanos que antes podían hacer consultas sobre cualquier asunto y ahora, al eliminar la frase “cualquier asunto”, solo podrán consultar lo que apruebe el Gobierno por medio de los dóciles vocales del Consejo Nacional Electoral. Reduce los derechos de los gobiernos seccionales, que podían convocar a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción y ahora solo podrán hacerlo sobre temas que el gobierno considere que sean “de competencia del correspondiente nivel de gobierno”.
Reduce el derecho ciudadano al controlar la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado por medio de la Contraloría. Reduce los derechos de los obreros y obreras del sector público que dejan de estar sujetos al Código del Trabajo. Reduce los derechos individuales de los ciudadanos para opinar, informar y ser informados al declarar que la comunicación es un “servicio público”, poniendo en manos del Gobierno la posibilidad de manipular la información. Los únicos que amplían sus derechos son el Presidente y los asambleístas, que pueden aspirar a la reelección cuantas veces quieran y los militares quienes, además de militares, van a ser policías.
Todos los ciudadanos que deseaban que las enmiendas se sometan a consulta popular habrán quedado perplejos y decepcionados, alarmados incluso, al ver que el Gobierno pasa por encima de todos para imponer su voluntad y que las instituciones más importantes del país no están al servicio de los ciudadanos sino al servicio del Ejecutivo. Lo mismo que pasaba en Argentina, en Brasil, en Venezuela, donde se habían establecido populismos autoritarios. En Argentina el populismo ha sido derrotado en las urnas, en Brasil enfrenta la posibilidad de una destitución y en Venezuela está a vísperas de la catástrofe.
El mundo entero está perplejo pues no sabe cómo reaccionar ante los desmanes de pintorescos líderes populistas. Resulta inaceptable cualquier intervención foránea pero es igualmente inaceptable que los presidentes se tomen todos los poderes y secuestren a los países que los eligieron para administrar la cosa pública, no para oprimir a los ciudadanos.
El apetito de poder ha rebasado todos los controles y todos los equilibrios democráticos.