Una consulta popular auténtica y democrática está diseñada para ser debatida con amplitud y permitir que la ciudadanía construya criterios con libertad e independencia. ¿Qué pasa, sin embargo, si dicha consulta no es honesta ni tiene como objetivo dilucidar y resolver los asuntos que plantea sino arrancar una victoria electoral que será utilizada como una carta en blanco para el Presidente? ¿Cabe discriminar las respuestas con profundidad y detenimiento o debemos contestar con un “sí” o un “no” a todas las preguntas? Si el Gobierno ha planteado un plebiscito a favor o en contra del Presidente utilizando algunas preguntas como maquillaje, los ciudadanos debemos votar bajo esa lógica y apoyar o rechazar la “revolución ciudadana”. Esto, desafortunadamente, pone en duda la utilidad de los grandes esfuerzos que comienzan a desplegar gremios, universidades y foros en general para diseccionar las preguntas y estimular respuestas para cada una de ellas, Sin embargo, este proceso exige un “sí” o un “no” rotundos. Resulta políticamente equivocado, en mi opinión, proponer un voto discriminado en función de los temas o, peor aún, la anulación del voto.
Si el “sí” gana en la Consulta, el Gobierno entenderá ese resultado como una aceptación expresa del modelo autoritario que pretende implantar en el Ecuador y reforzará el control férreo del Estado y la sociedad. Esto significaría que, además de la Asamblea, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y los organismos de control, la Función Judicial caería en manos del Ejecutivo. En otras palabras, los ecuatorianos habrán optado por un “esquema autoritario y no democrático” como el mejor sistema para encarar el futuro de la Nación.
Un triunfo del “no” en la Consulta, en cambio, equivaldría a decir “basta” a un sistema caudillista y autoritario y exigir rectificaciones democráticas. Un “no” sería un firme rechazo a los insultos, vejámenes y la coerción como instrumentos para encarar las discrepancias; al crimen organizado que crece y prospera por la incapacidad institucional del Estado y su quiebra operativa; a una Corte Constitucional que pisotea la Constitución, obra sin transparencia y utiliza a los difuntos para esclarecer casos de presunta corrupción; a una política exterior que posterga los intereses del país por fundamentalismos ideológicos y que aleja al Ecuador del contexto de naciones; a una Asamblea que ha perdido valor y dignidad y que oficia de Notario ante el Poder Ejecutivo. Más allá de una discusión centrada en la naturaleza de las preguntas propuestas por el Gobierno, la Consulta Popular representa un desafío histórico para enrumbar el país por cauces dictatoriales o democráticos. Con tan pocas semanas de por medio, es imperativo entender el verdadero propósito de esta Consulta y votar en consecuencia.