Imagine por un momento que usted vive recluido en una habitación de dos por tres metros cuadrados y que no puede salir de allí sino solamente durante quince minutos cada dos días para tomar un baño. Imagine, además, que su único vínculo real con el mundo exterior desde ese lugar es una ventana estrecha y elevada por la que puede verse un diminuto trozo de cielo.
Imagine que usted ha estado encerrado allí durante casi veinte años por un delito que no cometió y en todo ese tiempo se descubrieran varias pruebas sobre su inocencia o sobre la identidad de los verdaderos culpables del crimen. Imagine ahora que esa libertad tan ansiada, depende de la voluntad, decisión y acciones de otras personas. Posiblemente sus esperanzas se habrían renovado, pero, claro, todo quedaría una vez más en manos de terceros: abogados, fiscales, jueces o incluso autoridades que de un modo u otro deberían ayudarlo a lograr su libertad.
Esto es lo que siente Nelson Serrano, el prisionero más longevo del corredor de la muerte en Estados Unidos, desde hace diecinueve años. Es una sensación de impotencia, de abatimiento, de angustia permanente y, sobre todo, una enorme frustración porque cada vez que la posibilidad de su libertad aparece en el horizonte, hay algo que la aleja nuevamente y la oculta detrás de esa difusa línea lejana.
Hace tres años, tras una exhaustiva revisión del proceso, se descubrió en los expedientes judiciales nuevos hechos irregulares, algo que en su caso ya no es sorpresa. Se descubrió, por ejemplo, el ocultamiento de pruebas e incluso la aparición de nombres y pistas claras de quienes habrían sido los verdaderos autores de los crímenes por los que se condenó a Nelson Serrano. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que hace el equipo de abogados de Nelson en Estados Unidos, no ha sido posible lograr que la justicia de Florida tramite los recursos pendientes que podrían exculparlo. En su caso, todo está detenido y, sin duda, las demoras y suspensiones tienen la clara intención de evitar que el caso de Nelson Serrano sea revisado y que esos actos ilegales, irregulares, corruptos, salgan a luz y dejen expuestos a los responsables.
Pero, por desgracia, no todas las omisiones e inacciones se originan en los Estados Unidos. También aquí, en su propio país que no lo supo proteger en el año 2002 cuando lo secuestraron y deportaron sin documentos y de forma arbitraria, hay responsables por esta espera interminable de un hombre inocente, pues Nelson depende también de funcionarios gubernamentales que deben brindarle asistencia en materia diplomática, económica y de cooperación permanente por orden expresa de la CIDH. Y, también por desgracia, a la mayoría de esos funcionarios no les ha interesado nunca este caso, o quizás han tenido sus prevenciones sobre el hecho basados en su desconocimiento, o probablemente no tienen tiempo para atender a ese hombre que solo espera un acto, unas palabras, una acción inmediata y eficaz de su parte.