La sucesión de acciones repudiables de los asambleistas, orientadas a camuflar un sinnúmero de actos reñidos con la ley, que llenan los prontuarios de muchos de ellos, coparon la paciencia de los ciudadanos que solicitaban vehementemente, al Presidente de la República, que plantee la “muerte cruzada” con dos objetivos fundamentales: disolver la asamblea y terminar con la crisis política originada en el bloqueo legislativo a la gestión gubernamental. Mediante decretos de urgencia económica, el primer mandatario, puede destrabar obstáculos. Con enorme beneplácito general se disolvió al oprobioso parlamento; pero la Corte Constitucional, que debe calificar los decretos, a pesar de ser la máxima institución judicial, emitió pronunciamientos parcializados y obstruccionistas. Mientras tanto permanecemos sumidos en nubes de inseguridad, de corrupción, de desastres naturales, sin soluciones visibles, pues en lugar de muerte cruzada, nos abruma un suicidio político.
El Presidente no ha llenado las expectativas y no ha aprovechado la opción de plantear cambios trascendentales, por lo menos en dos áreas fundamentales: en la angustiosa crisis del IESS y en la absurda situación laboral. En el primer caso nominó una comisión que ha analizado las modificaciones que deberían permitir la financiación del seguro de pensiones, próximo a sufrir una quiebra total. No se ha analizado al seguro de salud, cuya situación es también precaria. En el campo laboral urgen reformas que amplíen el número de puestos de trabajo para esa inmensa cantidad de ecuatorianos que carecen de ellos.
Si el gobernante enfrenta estos dos problemas, demostrará que no ha desperdiciado la muerte cruzada. Deberá reunir a la comisión con los dirigentes gremiales y, bajo su dirección personal, analizar el informe, ampliar la discusión al seguro de salud y al trabajo, en un tiempo perentorio (15 días), para arribar a conclusiones que comprometan a la Corte Constitucional y cambien el futuro, ahora incierto, de nuestro país.