Uno de los problemas que actualmente tiene el Ecuador y que hay que tomar en serio, es la minería ilegal. Durante años, este ha sido un fenómeno cuyas consecuencias han venido siendo advertidas especialmente desde sociedad civil. No obstante, poco a poco ha ido avanzando, sin muchos controles normativos; y eso ha afectado de la peor forma a las comunidades de las zonas de influencia de donde ésta actividad opera.
La minería ilegal, trae varios daños, no solo en lo social sino sobre todo en lo ambiental; porque provoca un aumento sistemático de la contaminación por metales pesados en los ríos o afluentes, además de la emisión de gases de efecto invernadero. Los ecosistemas acuáticos se afectan, crece la polución por agrotóxicos, y la contaminación por transporte fluvial. Sus efectos son devastadores a todo nivel, porque la presencia de dragas, barcas y otros equipos utilizados para la extracción de metales acaban con los bosques. Además, el uso indiscriminado de mercurio sin control, genera daños a la salud de las poblaciones locales ─principalmente indígenas─ y afecta a ríos y peces.
Meses atrás, la evidencia de lo ocurrido con el socavón de Zaruma, fue solo una muestra de lo letal que puede llegar a ser una actividad que se maneja al margen de la ley. Pero el asunto es más grave. Si bien, el daño al ambiente termina siendo irreparable, la minería ilegal está atada a otras actividades más peligrosas y que tienen que ver con el crimen organizado.
La minería ilegal, ha aumentado la violencia, abuso de derechos humanos y trata de personas en la zona. Según las autoridades, en los sitios donde está asentada, hay un repunte de extorsiones, contrabando transfronterizo de combustibles, armas y explosivos. Es urgente tomar acciones sobre esto, más aún en el contexto de inseguridad actual. Si no se la controla con firmeza, podría terminar siendo el aliado estratégico perfecto para las bandas delincuenciales que azotan el país.