Para explicar el bajo costo ecológico que tendría la explotación petrolera en el Yasuní, el presidente Correa aseguró que afectaría apenas al uno por ciento del área de parque. Unos días más tarde informó que se había equivocado, que afectaría a menos del uno por mil del parque Yasuní. Desde entonces el uno por mil es sinónimo de nada y se utiliza para minimizar la dimensión de un problema.
Se han iniciado las clases en escuelas y colegios de la Costa y hay niños que no tienen escuela asignada; los medios de comunicación recogen las quejas de los padres de familia. El Gobierno ha dicho que son pocos y representan menos del uno por mil del número de estudiantes. Este es uno de tantos ejemplos de desentendimiento entre los medios y el Gobierno. Los medios consideran su obligación recoger el clamor de padres de familia y hacer público el problema, pero el Gobierno considera una conducta de mala fe que pretende magnificar el problema para dañar la imagen del Gobierno.
Lo que funciona bien y con normalidad no es ni puede ser noticia. Si algo no funciona o funciona mal se convierte en noticia y la información es un derecho ciudadano. Con frecuencia ocurre que las autoridades buscan soluciones solo cuando el problema se ha hecho público. Si los medios publican solo las buenas noticias y escamotean las malas noticias, como hacen algunos medios públicos, terminan volviéndose inservibles.
Las firmas presentadas para pedir una consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní, han sido descalificadas por el formato, por la repetición, por falta de firma de los responsables, por formularios arrugados o manchados y por decisión de un grafólogo cuyas explicaciones resultaron menos comprensibles que las de un ufólogo. Convalidaron “menos del uno por mil” de las firmas haciendo imposible la consulta popular solicitada por más de setecientos mil ecuatorianos. Deben estar satisfechos quienes consideraban que la consulta se había politizado y se había convertido en una trampa.
Los vocales del Consejo Nacional Electoral deben haber advertido que un asunto tan negativo, tan fuera de lo común, sería noticia en todos los medios; por ello se adelantaron y, antes de hacer el anuncio oficial de que no alcanzaron las firmas suficientes los solicitantes de la consulta, salieron en todos los medios a denunciar y amenazar. Denunciaron que los organizadores firmaron varias veces, que pretendieron engañar al CNE, que se burlaron de la democracia. Y amenazaron con pedir sanciones judiciales contra los responsables.
Si los alcaldes amazónicos también querían una consulta sobre el mismo tema, ¿no debería el CNE sumar las firmas presentadas por ellos para completar el número suficiente? No se trata ahora de estar a favor o en contra sino de pedir que decida el pueblo. ¿O la palabra del pueblo vale también menos del uno por mil?