El interés gremial y grupal quiere seguir imponiéndose en el país en forma inadmisible. La cultura no cambia y se repiten las paralizaciones y exigencias sin comprometerse al mejoramiento de servicios en beneficio de los ciudadanos, que resultan los perjudicados en medio de la indiferencia de autoridades. Piensan en ellos y no admiten el sometimiento a las normas legales. No solo exigen flexibilización de leyes sino que intentan imponer sus intereses, que atentan contra el ordenamiento jurídico.
Más allá de sus legítimas aspiraciones y el respeto a sus derechos, también tienen obligaciones, responsabilidades, y con mayor razón compromisos de mejoramiento de los servicios. Quieren luz verde para sus abusos y su impunidad, flexibilización de los controles y de las sanciones cuando violan la ley. Ese es el caso de los choferes que vuelven a tener protagonismo cuando se les hace los controles de rigor, se les frena los abusos y se les exige calidad.
¿Cuándo cambia la cultura de los paros de los gremios y en lugar de presentar un pliego de peticiones y exigencias, no hacen como desde hace tantos años formularan los trabajadores japoneses, pliegos de ofrecimientos, de mejoramiento del trabajo, calidad, producción y productividad, que redunda en mejores ingresos? Cuánto se ganaría si solo cumplieran con honestidad y los taxistas dieran el vuelto completo cuando el usuario les cancela una carrera. Aducen que no tienen sueltos o simplemente se hacen los desentendidos hasta que el pasajero les exija.
Quieren mantener el control y el monopolio de su trabajo y por ello rechazan el ingreso de servicios que si bien no están legalizados, ofrecen mejor atención y trato amable, cumplen con las tarifas establecidas previamente y garantías en el trabajo (Uber y Cabify). Estas son plataformas tecnológicas y tendencias mundiales de las que una sociedad no puede cerrarse sino que la competencia les va a obligar a los gremios a mejorar los servicios.
El poder, como sucediera en el nefasto correismo, ha permitido que estos grupos incidan en las políticas públicas e incluso han sido jueces y parte en la Asamblea Nacional. Los sindicatos lograron grandes prebendas. Miles de licencias, muchas de ellas denunciadas fraudulentas, fueron otorgadas a quienes ponen en peligro la vida de los pasajeros en las vías públicas.
En lugar de exigir mayor capacitación integral y permanente, preparación, formación, tecnificación y profesionalismo, el estricto cumplimiento del aseguramiento social, lo que hacen es presionar para que el Estado flexibilice sus acciones y seguir en el mismo esquema de siempre. Qué bien se vería si emprendieran campañas en favor de la concienciación del respeto a las normas vigentes, del impulso a la educación y la seguridad vial, lo cual reduciría las tasas de siniestralidad.