Benjamín Fernández

Mercado de las ideas

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Miércoles 25 de enero 2012
25 de January de 2012 00:01

Este concepto acuñado en una decisión judicial fue utilizado para reseñar la importancia que tiene la libertad de expresión en la vida democrática de cualquier país. La idea es que el ciudadano con más información puede tomar decisiones correctas y atinadas para sí y para el país. Por el contrario, toda forma de censura y restricción termina favoreciendo al poder que lo dicta y socavando el Estado de Derecho en su conjunto. Restringir las notas que puedan permitir que el elector saque conclusiones además de contrario a la libertad de expresión es un cachetazo al “soberano” o sea al elector. Este es el que dice qué hay de verdad o de mentira en la afirmación de un actor político y sobre esa base establece su preferencia o rechazo a la oferta electoral. No es posible tomar una decisión correcta sin conocimiento y la prensa tiene la obligación de ofrecer las distintas miradas partiendo del carácter de servidor de sus lectores para que estos actúen con madurez y conocimiento.

Todo pretexto en contrario carece de valor democrático. Sostener la idea de una malignidad intrínseca de la prensa es simplemente verse reflejado en un comportamiento que además de censor se convierte en autoritario y soez. No puede el poder nunca erigirse en intérprete de lo el pueblo quiere en términos de conocimiento para tomar decisiones. Así como no es posible determinar que debe escribirse, tampoco es correcto plantear la restricción de aquello que deba ser leído o no. Esto no es democrático y parte de una subvaloración de la capacidad del elector de tomar decisiones sin que el gobierno le diga lo que tiene que escuchar, leer o discutir. El camino contrario es dictadura. Las reglas del juego democrático parten de haber aceptado que la libertad de expresión garantizada universalmente como valor humano trascendente debe garantizar el acceso, la producción y difusión del pensamiento. El art. 17 de la Declaración Universal de los derechos del hombre no admite interpretación contraria. Si un país desea ser referido como libre y democrático, no le queda otra que admitir valores compartidos por Occidente cuya conquista de libertades ha significado dolor.

Cuando creíamos que las conquistas estaban asentadas en nuestro subcontinente, parece necesario luchar por ellas. No hacerlo implicará someternos, que otros piensen y actúen por nosotros bajo el ropaje falso de democracia electoral, en cuyo nombre se atropellan derechos fundamentales del ser humano.

América Latina vive probada por gobiernos que creen interpretar los designios de la gente para finalmente proscribir la crítica, perseguir a críticos y acabar con la capacidad de tomar decisiones sin ninguna mano gubernamental que defina lo correcto de lo incorrecto. El caso ecuatoriano es una prueba más.