Aunque la oposición pretende hacer su agosto con las denuncias tipo novela en entregas que está realizando un medio digital sobre una supuesta red de corrupción en el gobierno que incluiría nexos con el narcotráfico, hasta el momento no existe una conexión que ligue al Presidente con dicha red. Es más, ni siquiera está demostrada la existencia de dicha red.
Sin embargo, ya escuchamos voces destempladas que, poniendo en evidencia su supina ignorancia, alegan que hasta podría haber causales para la destitución del Presidente. Con las “pruebas” que se han presentado hasta ahora, lo más probable es que la oposición se quede con los churos hechos cuando la Corte Constitucional les niegue dicha posibilidad en un dictamen que seguro estará acompañada de estentóreas carcajadas de los jueces.
Ahora bien, que a uno lo involucren a través de hechos menos que circunstanciales con delitos de corrupción y narcotráfico, debe ser realmente indignante y peor aún, cuando son esos males los que, en la calidad del cargo que se ostenta, se está obligado a combatir.
Pero ese mismo cargo, el de Presidente, obliga a ser más respetuoso que nadie con la libertad de prensa, de expresión y de acceso a fuentes de información, por más amarillistas que las podamos encontrar. Se entiende la irritación provocada por acusaciones no demostradas, pero eso no es óbice para intentar hacer una diferencia entre libertad de prensa o libertinaje. Al contrario, se debe promover más libertad aún para que los hechos llegan a esclarecerse completamente.
Entonces, de quedar demostrado que no se ha cometido ningún delito, se podrá apelar a la responsabilidad ulterior a la que está obligada todo medio cuando difunde noticias falsas o con la real intención de causar daño y no, de entrada, pretender “matar al mensajero”.