Vas con los amigos a tomar una cerveza en el bar del barrio. En medio de la tertulia ingresan asaltantes y conminan a la gente a punta de pistola que les entreguen sus celulares y pertenencias. Un asaltante se acerca a tu mesa. Tú estás armado. ¿Qué decides hacer? ¿Entregas tus objetos de valor o sacas el arma y enfrentas a los delincuentes?
En fracción de segundos te acuerdas que, como todo lo que se hace en el país, con las palancas respectivas, sacaste los permisos de los ministerios de Salud y Defensa, y legalmente adquiriste un arma que ciertamente te da seguridad al portarla, pero que has disparado pocas veces en algún entrenamiento. Entonces ¿Qué hacer? Primer escenario: Decides sacar tu arma, pero, de los nervios, se te traba, los asaltantes se exaltan, te pegan varios tiros y de paso acribillan a los otros clientes. Te despiertas en terapia intensiva en algún hospital, y tus familiares ven en Tik- tok la escena del asalto, bajo el título: “Masacre en el bar Pepito”. Escenario dos: entregas tu celular y billetera, te pudres de las iras por la humillación y el robo, pero conservas tu vida y la de los otros clientes.
El empleo de un arma orientado a la convivencia colectiva pasa por un largo proceso de educación y aprendizaje, que no solo significa su buen manejo en términos técnicos, sino la preparación psicológica para matar o morir. A los militares y policías, en nombre del estado, les cuesta décadas este proceso que está acompañado de una férrea formación disciplinaria, jerárquica, en valores y nacionalismo. “Mato en defensa de la patria”.
Hay miles de escenarios y posibilidades sobre los impactos de la legalización de la tenencia y porte armas de la población civil, cuyo denominador común será el incremento de la muerte y del dolor. Peligroso e irresponsable error de gobierno que se lo puede enmendar con la derogatoria del decreto 707, y con una estrategia integral para enfrentar al crimen organizado, priorizando las políticas sociales