El Mandato Minero 1.0 data de 2008, y fue tajante: No más minería. Ecuador renunció a aprovechar la riqueza del subsuelo.
El Mandato 1.0 duró 7 años. Con la caída del precio del petróleo Rafael Correa creó el Ministerio de Minas y se abrió a la inversión privada. La apertura duró 2 años. Desde 2017, con Lenin Moreno, campeó la incertidumbre. Los funcionarios del sector minero siguieron promocionando al país, pero se eliminó el Ministerio de Minas, el Ministerio del Ambiente congeló la entrega de licencias ambientales y se cerró el catastro minero.
Hoy, el presidente Lasso dicta el decreto 151, en que expide su política minera con el mismo corte del decreto 95 sobre política petrolera. Funcionarios públicos, empresas mineras y público en general se enteran de primera mano de lo que el presidente Lasso pretende lograr en sus cuatro años, y cómo. Fija plazos para que los funcionarios cumplan con objetivos específicos. Más claridad, imposible.
Un eje es el fiel respeto a ley, y a su aplicación. Cero tolerancia a la minería ilegal. Total respeto a los compromisos contractuales: el Gobierno de Lasso no incurrirá en actos que lleven a las mineras a interponer recursos de arbitraje. Como mineros ilegales obstaculizaban el ingreso de trabajadores a la mina de la australiana Hankcock en el sector de Buenos Aires, se le brindó resguardo policial.
Hay dos conflictos por resolver.
La mina Río Blanco en Azuay, destruida por activistas, y cuyo cierre ordenó la Corte Superior del Azuay. Y el de Llurimagua, en que Codelco reclama que Enami no cumple con sus compromisos. Habrá que desactivar ambos conflictos.
Las mineras deberán cumplir cabalmente con el proceso de consulta previa. Les está prohibida la actividad minera en zonas frágiles, y respetarán la legislación ambiental. Pero si se encuadran dentro de estas reglas, el Ministerio del Ambiente está obligado a pronunciarse sobre los estudios de impacto ambiental y a no refundir más las solicitudes en una gaveta. Se reabrirá el catastro minero, con lo que las empresas mineras que deseen buscar metales en el país puedan hacerlo.
Las mineras deberán prepararse a tratar con un Presidente que si bien es favorable a la inversión privada, y quien removerá obstáculos al avance de sus proyectos, también será exigente en que las contratistas cumplan con los compromisos adquiridos. Es dando y dando. Es de esperar que se reúna con ellas periódicamente para informarse del avance de sus trabajos y urgirles acelerar trabajos. Porque la apertura se da porque el país necesita que se concrete la inversión y cosechar el fruto, en la forma de exportaciones e ingresos fiscales.
El Mandato 1.0 de la Asamblea Constituyente cerró las puertas a la minería legal.
El Mandato 2.0 las reabre, penetra un haz de luz y se puede ver hasta el horizonte.