No existe un mejor nombre para una ley que bien podría convertir a todos los bancos privados en grandes Cofiecs: “La ley Cofiec”, un proyecto con un fin noble (distribuir riqueza), pero con un enorme potencial destructivo.
El buen subsidio. El bono solidario es el gasto público que, proporcionalmente, más llega a los pobres. Por lo tanto, aumentarlo no es una mala idea, especialmente si para eso se reduce el gasto en otras áreas que benefician a la clase media o a los ricos (burocracia, combustibles, etc.). Hasta aquí lo bueno, ahora veamos lo malo de la ley.
Es innecesaria. Se está proponiendo aumentar el gasto en el bono en USD300 millones (para que pase de USD35 a USD50). Esos USD300 millones equivalen al1% del gasto público total. Así, con hacer ahorros del 1% del gasto, ya tendrían los recursos para aumentar el bono. Por lo tanto, no se necesita una reforma tributaria que puede tener efectos colaterales dañinos.
Es dañina. La reforma tributaria que se está proponiendo, al aumentar y anticipar los impuestos a los bancos, va a bajar su rentabilidad y eso es malo para la economía pues ahora nadie va a querer invertir en ese sector y va a haber menos créditos. Además, la señal que se da a los inversionistas privados de “si ganan mucho les castigo” es la mejor política imaginable para ahuyentar toda inversión privada. Adicionalmente, al exterior se da una imagen de un “país de envidiosos” en el que la riqueza es mal vista y el revanchismo bien visto.
Es injusta porque al modificar los impuestos sólo para un sector, se lo está discriminando frente al resto de la economía y esto suena a venganza porque al dueño de un banco se le ocurrió ser candidato a la presidencia. También es injusta con los depositantes porque mientras más rentable es un banco, más sólido es. Al quitarles rentabilidad a los bancos, se quita estabilidad y solidez al sistema. Además, el argumento de que “los bancos socializaron las pérdidas en 1999, ahora que socialicen las ganancias” no tiene sustento porque los bancos que sobrevivieron son justamente los que no tuvieron pérdidas en esa época.
Puede ser costosa. En la onda revanchista puede sonar bien eso de estatizar los bancos, pero si no se paga un precio justo por esas instituciones, sus accionistas actuales pueden ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exigir que se les pague el valor de mercado. En las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, las acciones de los principales bancos del país están cotizados en unos USD 1 500 millones. El sistema entero estará, por lo tanto, entre USD2000 y 2500 millones y si no se les paga eso, tarde o temprano, luego de un largo juicio, vendrá un veredicto tipo Oxy ordenándonos hacerlo. Finalmente, al país le sería costosísimo que todos los bancos se estaticen y sean manejados como Cofiec.