Es difícil escoger cuál es el hecho que demuestra más elocuentemente que nuestra democracia pasa por una crisis histórica. Puede ser cuando el Presidente se declaró jefe de todos los poderes del Estado (incluso del Poder Electoral, lo que es francamente inaceptable), o podría ser el bochornoso escándalo de las enmiendas constitucionales, donde se demostró que el poder no está regulado y limitado por la Constitución, sino que la norma suprema es una especie de plastilina que el oficialismo moldea a su gusto. Difícil escoger. Pero algo es cierto, Correa tiene razón, vivimos un cambio de época, estamos asistiendo al histórico desmantelamiento de nuestra democracia.
Aquí expongo otro hecho que – desde mi punto de vista – es muy elocuente sobre el fin de nuestro sistema político: la pérdida de la Plaza de la Independencia como un lugar de expresión pública.
Desde hace más de un año las grandes manifestaciones populares tienen vedado este sitio, mientras exclusivamente se lo reserva a las huestes de Alianza País. No es un lugar público, disponible para los ciudadanos, es un club selecto donde se dan conciertos para el Presidente.
¿De cuándo a acá quienes piensan distinto tienen que recluirse a otros espacios? ¡¿Es eso democrático?! No lo es; como no lo viene siendo la realidad nacional desde hace varios años.
Si la Plaza de la Independencia se encuentra secuestrada, pues hay que emplear las plazas contiguas. Por más que lo intenten, serán incapaces de ocupar reservadamente todo el Centro. La manifestación prevista para el 28 de abril, la Marcha de los Indignados, irá de la Tribuna de los Shyris hacia la Plaza de Santo Domingo.
Pero esto no basta, la tarea acuciante de la protección de nuestra democracia demanda mejores acciones.
Si bien el “Fuera Correa, fuera” es un clamor que expresa genuinamente la exasperación, adolece de falta de contenido. Es hora de marchas con discursos, marchas que emitan comunicados, donde escritores, artistas e intelectuales tomen el megáfono. Así, en la Plaza de Santo Domingo se escucharán reivindicaciones democráticas de transparencia, control de poderes y freno al despilfarro.
Si los ciudadanos con su silencio aceptan tácitamente el autoritarismo, ¿con qué legitimidad podremos quejarnos?
No importa que en millonarias publicidades nos tilden de mandantes, si no ejercemos nuestros derechos constitucionales de manifestarnos, nuestra democracia seguirá menoscabándose.
¿Vamos entonces a renunciar a nuestra voluntad popular, por causa del miedo y la intimidación? ¿O, con el último soplo de democracia que le queda a este pobre país, vamos a salir a las calles a expresar nuestra indignación?