El Ecuador continúa librando una batalla histórica contra el crimen organizado. Lo ocurrido hace pocos días, termina ratificando lo que ya se venía anunciando y lo que muchos estaban temiendo: que grupos de narco traficantes estaban financiando las matanzas en las cárceles y promoviendo la violencia en las calles.
Detrás del desate de la cruenta arremetida criminal de la cual el país fue víctima, ciertamente, hubo una intención de doblegar al gobierno, a través de la implantación del terror y del caos. Pero también se revelaron agendas políticas de grupos que cada vez más muestran su cercanía con asociaciones criminales.
Siendo así, a los ciudadanos corresponde entender bien lo que está en juego cuando bandas delincuenciales pretenden tomar el control de un país. La confusión y el miedo son las herramientas más útiles que utilizan estos grupos, porque a través de ellas abren trochas de desestabilización democrática. Entonces, el ciudadano que se ve atacado, tiende a culpar al régimen de turno, y en su desesperación cuestiona la legitimidad misma de los regímenes democráticos, haciéndole el juego a los delincuentes que ganan espacio para posicionarse y dominar en el caos.
Y frente a estas intenciones, la única forma de contrarrestarlas es haciendo de la lucha contra el crimen organizado una causa nacional. Porque este fenómeno es una amenaza real, y sería un grave error el pensar que el tomar posición en contra de las prácticas criminales significa defender al gobierno de turno. Este contexto difícil obliga a debatir acerca de cuáles deberían ser los mecanismos idóneos para combatir el crimen organizado. Y en esta discusión, la inversión social surge como la mejor vacuna, especialmente en los segmentos más pobres. Además, es urgente la unidad, entendida esta no como un cheque en blanco de apoyo político, sino como un pilar de contención al país, y los derechos humanos de todos y todas. Hoy, corresponde estar de lado de la democracia.