La justicia es tan importante como la vida y la libertad, por ser ineludible e inseparable de la verdad. Ha sido definida como “el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde”.
Desde la antigua Grecia, y antes, en el famoso Código de Hammurabi -considerado el primer código penal y civil de la humanidad-, la justicia ha sido objeto de estudio y desde entonces rige en todas las legislaciones del mundo.
La definición clásica de justicia provino de Aristóteles, a quien se le atribuye la idea de “dar a cada quien lo suyo”. Los griegos la entendieron como un recurso para equilibrar las cargas. Y estas “cargas” no han sido fáciles, porque en detrimento de la justicia se han inventado subterfugios para instalar sistemas opuestos, como la injusticia y sus sucedáneos: la pobreza moral y económica, manipulada generalmente por el poder.
Estos conceptos se afirman cuando sentimos la orfandad que padecemos los ecuatorianos frente a los juzgados únicos, de garantías penales o multicompetentes -creados por el Consejo de la Judicatura, Resolución No. 031-2011-, “a fin de que conozcan competencia en todas las materias en primera instancia”-.
Causa grima registrar el abuso de estas garantías: delincuentes -con sentencia ejecutoriada por delitos calificados como graves- son puestos en libertad, en detrimento de la seguridad jurídica del Estado, mediante triquiñuelas de diversa índole: habeas corpus, rebajas de penas injustificadas, pedidos de pre libertad, libertad condicional, medidas sustitutivas, informes médicos y traslados a hospitales, decisiones en audiencias telemáticas, sobreseimientos y revocatorias de prisión preventiva, entre otras.
Frente a la degradación de la justicia -y en casos a su prostitución-, no caben códigos de ética, sino cambios radicales. Que se devuelva a la sociedad la confianza -en la jurisdicción y competencia respectivas- y se administre justicia con autonomía “en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y Leyes de la República”.