La justicia social y los impuestos se encuentran asociados estrechamente. En efecto, la tributación tiene mucha relación con los problemas sociales al ser el medio por el cual se obtienen los recursos necesarios para ejecutar políticas públicas. El objetivo de la justicia fiscal comienza a adquirir forma con la tendencia hacia los sistemas tributarios progresivos, consistentes en gravar más a quienes más ganan. No obstante, la tolerancia de la administración fiscal con respecto al fraude limitó el objetivo del efecto progresivo.
Los impuestos no gozan de buena fama en ninguna parte del mundo. Sus opositores radicales argumentan que el tributo constituye una forma de asalto a su propiedad. Para otros, los impuestos son un mal necesario y aceptan que las políticas fiscales son imprescindibles. Por ello, el sistema tributario debería guiarse por criterios distributivos que aseguren cargas y beneficios justos entre los contribuyentes. La tributación es injusta cuando se deteriora la capacidad de las personas para acceder a posibilidades de vida digna, implantando reformas tributarias lesivas a su condición económica precaria.
A partir de la aceptación de la necesidad de los impuestos, procede la determinación de las responsabilidades y favores fiscales que pueden tener lugar en el sistema. Al margen de consideraciones técnicas sobre la eficiencia económica, el diseño y la puesta en práctica de un sistema fiscal responden a una concepción particular de justicia distributiva. Es decir, además de determinar si los impuestos indirectos favorecen o perjudican el ahorro, o los impuestos directos repercuten en el mercado laboral o en la distribución del ingreso, es importante establecer la razón por la que unos contribuyentes deben pagar más y otros menos.
Lo mismo sucede con respecto a las actividades que deben ser gravadas o exoneradas, o sobre la elección de un impuesto progresivo o de uno plano. La equidad de los sistemas tributarios puede consistir en tratamientos desiguales a los contribuyentes con diferentes niveles de consumo o ingreso, y tratamientos equitativos a los contribuyentes ubicados en los mismos niveles de la base imponible.
Estas decisiones no pueden fundamentarse únicamente sobre la base de criterios técnicos, ni exclusivamente sujetas a principios normativos. Se requiere una combinación de criterios de eficiencia y justicia que se incorporen en asuntos tan importantes como los efectos previsibles en los ámbitos de la evasión fiscal, la recaudación, la inversión, el ahorro y otros.
La reforma tributaria que acaba de aprobar la Asamblea Nacional, por iniciativa del Ejecutivo, con la Ley de Eficiencia Económica y de Generación de Empleo, no responde a los criterios de justicia tributaria y social mencionados, pues apunta fundamentalmente a la recaudación de recursos en el año 2024. Para ello utiliza arbitrios sin legitimidad, pues se limita a identificar una fuente aparentemente segura, como la Amnistía o condonación tributaria. La urgencia de recursos hace perder de vista la importancia de reformas estructurales que se inserten en un proceso de eficiencia, justicia tributaria y social favorable al crecimiento económico y a la redistribución de riqueza.
Si de obtener ingresos fiscales se trata, es mucho más justo, inmediato y conveniente el cobro del Impuesto a la Salida de Divisas, a una tasa más alta, que además permitiría controlar -o gravar- la fuga de capitales a los paraísos fiscales, y reinvertir recursos en el país para mejorar la tasa de crecimiento de la economía.