Por más sensacionalismo que se le ha dado al caso de El Gran Padrino y por más rebuscados que han sido los argumentos del socialcorreímo en la Asamblea, a los que se han sumado, ¿cómo no?, parte de la Izquierda Democrática y de Pachakutik, el mamotreto jurídico presentado por la comisión que investiga el caso no ha logrado establecer fehacientemente una causal válida para el enjuiciamiento político del presidente.
El pseudo informe recomienda el enjuiciamiento político del Presidente por “delitos en contra de la seguridad del Estado y en contra de la administración pública”. El delito de “traición a la patria” se eliminó luego de que los autores del informe se convirtieran en el hazmerreír de quienes sí saben de derecho en este país.
Sin embargo, el informe sigue careciendo de la motivación jurídica y la congruencia lógica que debe tener todo documento jurídico en el país. Esto quiere decir que las afirmaciones que hace guarden una correlación inequívoca con sus conclusiones. Es decir, que estas se correspondan con absoluta coherencia con las premisas que las sustentan. El informe no cumple ni de lejos esas características.
Así, si es que este informe pretende ser el sustento de la petición a la Corte Constitucional para que emita el dictamen que permita iniciar el juicio político, lo más probable es que este sea negado entre las risas de los jueces.
Y aquí surgen un par de dudas: ¿son en realidad tan incompetentes los asambleístas de mayoría como para elaborar un absurdo jurídico de esos quilates o lo que pretenden es dar una imagen de fiscalizadores a fin de recuperar en algo su baja credibilidad? En ambos casos, la irresponsabilidad con la estabilidad del país es enorme, lo que nuevamente evidencia la calidad de la clase política que al momento controla la Asamblea.