El 17 de junio de 1972 cinco hombres fueron detenidos cuando se encontraban allanando la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate en Washington DC. Pronto se descubriría que los arrestados tenían conexión con el Comité para la Reelección del Presidente Richard Nixon y que lo que pretendían era instalar un sistema de escuchas en esas oficinas.
Los periodistas del Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein realizaron una exhaustiva y seria investigación sobre el caso, recopilando documentos y entrevistando a fuentes anónimas (como el famoso “Garganta Profunda”), con lo que lograron demostrar el encubrimiento y la participación de la Casa Blanca y del mismo presidente Nixon en el asunto.
La investigación luego sería avalada por el FBI, lo que serviría más adelante, en julio de 1974, esto es más de dos años después del arresto en Watergate, para que el legislativo estadounidense decidiera llamar a juicio político o “impeachment” a Nixon. La principal razón fueron una serie de conversaciones grabadas que demostraban sin lugar a dudas que el presidente ordenó el encubrimiento del escándalo e intentó obstruir la justicia (lo que se conoce como la “pistola humeante”). Nixon renunció antes de ser destituido.
Así, una investigación periodística hecha con seriedad y sin sensacionalismo, con ayuda de instituciones sólidas, logró determinar, en un periodo de tiempo más bien largo, que el presidente Nixon sí tuvo un involucramiento directo en los delitos cometidos y que su responsabilidad, tanto penal como política, estaba plenamente probada. Solo entonces y con todas las pruebas en la mano, el legislativo decidió iniciar un juicio político en su contra.
En Ecuador nada de esto ha sucedido. Un proceso lleno de chapucerías, desconocimiento de la ley y de elucubraciones más que de pruebas, ha convertido al intento de juicio político al presidente Lasso en un sainete vergonzoso. No, señoras y señoras, así no se hace un juicio político.