El Consejo de la Judicatura ha pedido un presupuesto adicional de $260 millones al Ministerio de Finanzas. Para que el pedido se cumpla rápidamente, se ha interpuesto un recurso de amparo que, de ser aprobado, obligaría al Ministerio a entregar los recursos 48 horas después del dictamen.
Una mirada rápida a la situación de la justicia en el país permite constatar que sí requiere más recursos. Es complejo saber si ese es el monto exacto que requiere, pero la situación de las instalaciones y el nivel de remuneraciones de muchos funcionarios no tiene el nivel ideal.
El problema es que si se da una mirada al sector de la salud, la conclusión es muy similar y, quizás, más dramática, porque las instalaciones y las remuneraciones de la salud en el país son, evidentemente, subóptimas.
Desgraciadamente, si se hace un diagnóstico rápido del sector de la educación, más aún después de las tremendas lluvias e inundaciones que hemos vivido últimamente, la conclusión, a todas luces, es que debería tener más recursos porque tanto las remuneraciones como las instalaciones son malas.
Para complicar la cosa, si se da un vistazo muy superficial por el sector de la seguridad, la conclusión es que necesita, desesperadamente, de más recursos porque tanto el peligro al que está expuesto su personal como los equipos y pertrechos que disponen es, por decir lo menos, “muy, muy, insuficiente”.
Y así, cualquier mirada rápida, detallada, profunda o superficial, cualquier mirada al mundo que nos rodea, concluirá que todo estaría mejor con más recursos.
Pero esa no es la manera de hacer política fiscal. Porque la política fiscal define qué se hace con los recursos de todos los ecuatorianos, define prioridades y, sobre todo, define límites.
Porque si hay alguna verdad absoluta en el mundo, es que los recursos son limitados. E interponer recursos jurídicos que ignoran los treinta mil millones de elementos que componen el Presupuesto no es la manera de administrar esa escasez.