El proyecto de decreto para elevar la tarifa del IVA al 15% no ha tenido un eco favorable en la Asamblea Nacional. Y tampoco en los diversos sectores del país, con claras opiniones en contra. La propuesta llega en momentos en que la crisis económica que afecta a los sectores menos favorecidos del país no debe profundizarse.
En los momentos actuales de penuria económica para la mayoría de ecuatorianos, la propuesta no tiene asidero, al menos por dos razones muy claras: el incremento del IVA elevará el precio de los bienes y servicios y esto causará inmediatamente una contracción del consumo; y, es posible identificar medidas alternas que pueden llegar al mismo objetivo sin afectar la economía de la población, especialmente de bajos ingresos. Estas ya han sido sugeridas por diferentes sectores, con argumentos sólidos.
La falta de sindéresis y una postura discriminatoria en la política gubernamental, en esta materia, son evidentes: la reciente aprobación de la amnistía o condonación a favor de los deudores de alta capacidad económica que no cumplen con sus obligaciones tributarias, contrasta con la onerosa disposición a la que se sujetaría toda la población ecuatoriana, sin distingo de su capacidad para asumirla y al margen de todo principio de justicia que debe primar en la política tributaria. El impacto del incremento de la tarifa en la capacidad adquisitiva de la clase media y popular no es el mismo que llegaría a producir en el consumo suntuario y selectivo que caracteriza a las clases pudientes. Esta circunstancia exacerba la desconfianza y rechazo de la población a la aceptación de nuevos impuestos. Por tanto, la propuesta presidencial pierde viabilidad social al no lograr el acuerdo de la población con su apoyo frontal al logro de los objetivos planteados.
El aumento del IVA no es una propuesta nueva, pues ha sido expresada frecuentemente por sectores que no participan de la importancia de reformas estructurales que se inserten en un proceso de eficiencia, justicia tributaria y social. En la hora actual, debido a la urgencia de recursos, los sectores partidarios de esta medida estiman que con su aplicación se lograría alimentar el presupuesto para adelantar la lucha contra las mafias. Son propuestas que privilegian el resultado cuantitativo, escamoteando el significado social de la reducción de la capacidad de consumo de la población.
El impuesto del IVA es uno de las principales fuentes de ingreso que tiene el Estado, pero el sistema tributario debe guiarse por criterios distributivos que aseguren cargas y beneficios justos entre los contribuyentes. En ese sentido, las respuestas que el país debe dar a la propuesta gubernamental deben apuntar hacia la identificación de otras formas concretas para resolver el problema económico que significa la guerra interna, que al mismo tiempo aseguren la participación justa de los sectores más poderosos en el aporte de recursos, en función de los resultados obtenidos en su actividad económica.
Se impone, igualmente, una política de eliminación inmediata de los privilegios de cualquier clase, la focalización de los subsidios, la supresión de los gastos superfluos y otras medidas que liberen recursos sin afectar a la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Lo tributario debe estar siempre vinculado a conceptos de igualdad, justicia y desarrollo.