Usted, Presidente, sabe que el texto constitucional fue falseado, con textos que nunca se aprobaron en los segundos debates, ni en reconsideración alguna. El 24 de julio del 2008, se votó el texto que se editó, pero con la condición que no esté en contradicción con lo aprobado en los segundos debates y en las reconsideraciones, para que los ingenuos –infantiles o no- crean que lo que iba a regir era lo aprobado en las votaciones formales de la Constituyente y eso –en los puntos que precisamos oportunamente- no se dio.
Lo que prevaleció fue el lucro ilícito encubierto por las falsedades que se introdujeron. El reciente proceso de referéndum estuvo viciado de las prácticas acusadas líneas atrás. Las anteriores al sufragio del 7 de mayo del 2011 ya han entrado al debate público. Hay otras recientes. Por el art.141 del Código de la Democracia, los escrutinios de referéndum y consultas nacionales son de competencia privativa del Consejo Nacional Electoral, no de las Juntas Provinciales cuya labor -en comicios nacionales- se reduce a los procesos administrativos previos, sin competencia para resolver impugnación alguna.
Por el ají que usted les ha introducido, hasta las impugnaciones se han resuelto en las Juntas Provinciales, causando nulidad de los escrutinios. En su momento deberán seguirse recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Esto aparte de que en referéndum aprobatorio, no hay voto inválido. Todo voto que no tenga marcado el Sí es desaprobatorio, porque aquello de que no cuentan como válidos los votos nulos y en blanco es exclusivamente respecto a votaciones sobre candidatos; en referéndum son desaprobatorios, por eso, solo la primera pregunta -sobre la caducidad condicionada de la prisión preventiva- fue aprobada.
Lo felicito por haber parado parte de la explotación minera ilícita y contaminante en Esmeraldas. Ojalá hiciera lo mismo en el sector de Naranjal, Balao y Ponce Enríquez en que personas vinculadas con País son los principales responsables de la minería contaminante, con severas sospechas de vínculos en la guerra de sicariatos de la provincia de El Oro.
Aplaudiría la incautación de maquinarias -retroexcavadoras y otras-, para utilizarlas en obra pública; pero reprocho la declaración del Ministerio de Defensa que hubo que dinamitarlas -para sentar precedente- porque de incautarse, en el actual reino de cuasi plenos poderes, alguien podía devolverlas. ¿Mañana el poder militar va a seguir igual práctica en otros sectores y en otras temáticas?
Presidente, recuerde, fraudes, abusos y violencia no construyen democracia.