1. El Ecuador tiene un millón de desempleados. ¿Cómo afrontar esta dura realidad social?
Los datos del mercado laboral del primer semestre confirman el enorme daño al que le ha llevado un largo proceso de desinterés político en la construcción de una sociedad mayoritariamente formal, cuyo detonante ha sido esta pandemia.
Previo a este “descalabro” la situación laboral ya era mala pues, por razones ideológicas antes que visiones prácticas, las normas que regulan las relaciones del trabajo y el capital crearon un conjunto de intereses aparentemente colectivos que han bloqueado un debate racional y objetivo de solución de la informalidad, de la marginalidad, de incentivos que construyan una visión de propósitos compartidos.
Las consecuencias están a la vista: hoy existen tres veces más desocupados de los que había en diciembre pasado o, lo que es lo mismo, 700 000 más despedidos o que concluyeron su relación laboral. Y, por lo que se ve, el proceso todavía tiene carrete pues la recuperación económica no parece tener el vigor que se esperaba para esta época.
El problema está concentrado en los centros urbanos, pues en el mundo rural la situación, siendo en su mayoría de notable informalidad, no señala cambios dramáticos de deterioro que, si se ve en las ciudades, pues ahí el desempleo llega al 16.8% (frente a un rural del 5.9% y nacional del 13.3%), lo cual confirma la concentración del daño en la infraestructura productiva privada creada para la transformación o distribución de los bienes.
La ley humanitaria, con las modificaciones al régimen laboral, algo va ayudar a combatir este triste y desagradable panorama humano, pero sin duda hace falta poner mucho empeño y entendimiento en los cambios que el mundo moderno exige para que la “relación conflictiva” que el marxismo trajo consigo, se convierta en “relación constructiva” de objetivos comunes.
Si esto no se entiende, cualquier mejora que se vea con el rebote parcial de la economía, será insuficiente para atender el tamaño del problema.
Y, si se persiste en cuidar sólo a la hoy “minoría absoluta” de trabajadores formales y desechar los derechos de esa multitud de informales, la realidad seguirá marcando la existencia de una política laboral excluyente, promotora de inequidad. Es paradigmático ver a lo que ha llegado cierta izquierda que defiende privilegios de grupos que desde hace rato no representan la mayoría de la colectividad.
2. ¿También se ha incrementado el empleo informal, esto qué supone para la economía y la calidad de vida?
Los datos dicen que en estos meses 1’800 000 personas dejaron de ser considerados como “trabajadores con empleo adecuado” y muchos de ellos, no todos pues ya sabemos los que perdieron su trabajo, pasaron a esta categoría.
Por eso hoy, el mundo más numeroso de la comunidad de trabajadores lo conforman los subempleados, empleados con ingreso u horario menor a los mínimos. Son más de 5’300 000, de los 7’600 000 que conforman la población económicamente activa -PEA-, es decir el 70% de la gente que quiere trabajar. Y, no hay que olvidar los 4’900 000 compatriotas que ni siquiera buscan trabajo.
Es cierto que algunos de los que hoy asoman como subempleados pueden corresponder a aquellos que vieron reducida su jornada y recortado su ingreso, lo cual obviamente llevó a sentirse inconformes con su nueva realidad, pero también es cierto que esta recoge la disparidad abierta y creciente que se cultivó por la brecha entre productividad y remuneración.
3. ¿El aporte al Seguro Social se ha disminuido sensiblemente, qué puede suceder?
Finalmente, el país empieza a interesarse por este grave, complejo e inminente problema, cuya solución pondrá en juego toda la capacidad técnica y responsabilidad política para encontrar nuevos paradigmas de sustentación de este pilar central del sistema de bienestar nacional. Poco de lo que existe es rescatable pues de lo que se pretendió construir en el año 2001, casi nada queda en pie. En pocas palabras, sin ser exagerado: es un desastre.
Lo más grave es que se desconocieron los cimientos de la construcción de los fondos previsionales que precipitaron la crisis y ahora se la ve a puertas. Obviamente, la pandemia hizo lo suyo y vemos una reducción de afiliados cercano a 300 000 trabajadores (8% de los registrados a fines del 2019), que según el IESS dejarán de aportar 400 millones en este año, con lo cual los ingresos por aportaciones que sólo cubrían el 66% de las pensiones, requerirán de una mayor desinversión de las reservas acumuladas, la mayoría invertidas en bonos del gobierno, por lo tanto ilíquidas y de un monto (¡equivalen a 2 200 dólares por afiliado!) que no ofrece un respaldo razonable.
El Estado no tiene dinero. Las empresas tampoco. Los trabajadores no están seguros de su estabilidad y la ley laboral no impulsa la contratación formal. Por lo tanto, la solución requiere un alto grado de creatividad y el convencimiento de que volver a estos sistemas previsionales de reparto puros es poner dinero en saco roto, así como lo es tener seguros de salud de cobertura ilimitada sin aporte público, con muchos beneficiarios y pocos aportantes.
(politiquería de la más barata e irresponsable) .
4. ¿Qué le parece la postergación de los pagos a China, cómo renegociar la deuda con ese país y cómo encarar el nuevo acuerdo con el FMI?
Son parte de la bitácora de temas pendientes. Diferir las obligaciones con China, bajar sus costos y mejorar las relaciones comerciales (hacerlas transparentes y equitativas), a la par que seguir manteniendo una relación estable con el FMI por lo menos durante todo el tiempo que el país necesite para salir de este hueco, cuya visión ya la conocemos y no debe traer sorpresas.