La Asamblea aprobaría una ley inconstitucional si el incremento del IVA del 12 al 15 por ciento propuesto por el presidente de la república lo sustituye por otros impuestos. En efecto, el artículo 153 de la Constitución dispone que “Solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos…” Y la Corte Constitucional,CC, en su dictamen 1/23-OP/23 del 25 de enero de 2023, dejó claro que si la Asamblea aprueba otros impuestos, la ley será inconstitucional por falta de iniciativa presidencial.
Y las razones de la CC para fundamentar su dictamen son expresas y fáciles de entender. Primero, que el artículo 153 de la Constitución es diáfanamente claro; y, segundo, que visto que la Constitución asigna al presidente de la República la responsabilidad de la programación fiscal, no puede la Asamblea, por su propia iniciativa, aprobar leyes que trastornen tal programación.
Por tanto, si la Asamblea al tratar el proyecto de ley urgente enviado por el Ejecutivo niega elevar el IVA del 12%, al 15% y propone, a cambio, impuestos a los bancos y las empresas que obtengan utilidades que la denominan “extraordinarias”, así como impuestos al patrimonio empresarial y personal a título de contribuciones especiales “por esta única vez”, (que ya sería la cuarta en los últimos 7 años), la resolución sería claramente inconstitucional.
Adicionalmente, las propuestas de algunos diputados- que tienen poco entendimiento de los elementos sustanciales de la realidad y de cómo operan los temas económicos – son inconvenientes porque: el impuesto adicional a los bancos, consistente en una tasa que aumenta en proporción al monto de sus utilidades y no tiene en cuenta su patrimonio, castiga a la eficiencia y al tamaño. Además, este impuesto adicional contraerá los préstamos bancarios porque restaría recursos y porque las normas legales exigen un “patrimonio técnico” suficiente para crecer los activos. De esta manera afectaría el crecimiento de la economía. Y en cuanto al impuesto patrimonial, priva de recursos a las empresas para su operación y expansión. También castiga al ahorro personal, pues resulta mejor derrochar el dinero que destinarlo a la creación de nuevos negocios y el consiguiente empleo. ¿Podrá el país tener algún día una actuación correcta y responsable de los legisladores?