Muchas han sido las propuestas que se han discutido para solucionar el problema de la Eurozona que lleva ya más de dos años de duración. Ninguna de las iniciativas de fondo que llevarían hacia un cambio estructural del marco legal que gobierna el funcionamiento de la Eurozona ha merecido la atención de los políticos europeos.
Por otro lado, el enfoque equivocado en el sentido de que el problema que están enfrentando las economías periféricas de Europa es de una falta momentánea de liquidez, está llevando a la aplicación de programas que en vez de ser parte de la solución están deteriorando la precaria situación económica de los países en crisis. Hemos sostenido que para evitar perder una década o más en el bienestar de las sociedades sujetas a un ajuste brutal, se requiere reconocer que las deudas de los países que han sobrepasado con holgura el límite de 30% con relación al PIB, establecido en el Pacto de estabilidad y crecimiento de la UE, es impagable y, por lo tanto, se requiere una reducción de sus saldos para permitir liberar recursos que sirvan para financiar el crecimiento.
Uno de los impedimentos para aplicar esta medida es la situación financiera de los bancos europeos que no disponen de suficiente capital para absorber las pérdidas de una reducción en su portafolio de inversiones. Por lo tanto, es preferible utilizar recursos públicos para capitalizar a los bancos que prestarles a los países para que cumplan con el pago de la deuda a esos mismos bancos malgastando los recursos. Igual que en la crisis latinoamericana, el peso del ajuste está recayendo sobre los ciudadanos exigiéndoles sacrificios, cuando debería haber simetría para compartir los costos de la solución. Los acreedores, cuando nuestra región abatida por una fatiga provocada por el ajuste que estaba poniendo en serio peligro la estabilidad política y social, se vieron forzados a reconocer un quite en el monto de las deudas cuando ya habían restituido su solvencia, y la región perdido una década.
Europa, para garantizar su unión monetaria, debería crear una institucionalidad fiscal que cuente con sus propios recursos para que los distribuya entre los miembros de la UE. La fuente de ingresos sería un impuesto sobre las transacciones financieras entre países conocido como impuesto Tobin que fue propuesto por el economista James Tobin para crear un fondo que financie prioritariamente necesidades ambientales y de desarrollo humano. En el caso de la UE los recursos servirían para aplicar una política fiscal central coordinada con las políticas fiscales aplicadas por los miembros en donde el techo del 3% de déficit sobre el PIB sería celosamente observado.