Es la seguridad social un pilar clave de los principios de convivencia civilizada, la solidaridad y el respeto al mandato constitucional.La Carta de Montecristi en su artículo 34 proclama a la seguridad social como derecho irrenunciable de las personas. Además es deber y responsabilidad del Estado.
Los jubilados aportan toda la vida para tener en sus años de retiro una pensión digna y una atención médica preferente en el IESS, para el que han aportado durante años. No es aceptable que ahora se busque que ellos vayan al servicio de Salud Pública cuando han entregado millones para sostener al IESS.
La apertura de hospitales y centros de salud para miles de afiliados nuevos desfinanció la operación del seguro. Las inversiones para infraestructura y medicinas no dan abasto frente a la demanda.
El Estado es deudor moroso del IESS. Esa deuda reconocida aunque no determinada con precisión ha merecido en este Gobierno tres acuerdos ministeriales de reconocimiento, pero el pago no ha llegado. El Estado se comprometió a aportar con el 40% para la atención jubilar y el IESS con el resto.
Hoy, cuando la caja fiscal se agota por la crisis petrolera, el Régimen elude esa responsabilidad que manda el artículo 371 de la Constitución, explicando que no hay reglamentación. Escribir esa norma también era responsabilidad de las autoridades.El pago de esa deuda, que ahora el Presidente considera un absurdo, es obligación y mandato de la Ley fundamental.