El 15 de julio pasado, el alcalde metropolitano, Santiago Guarderas, anunció la adjudicación del contrato para la operación del sistema subterráneo de transporte colectivo de esta urbe al Consorcio conformado por Metro de Medellín, Colombia y Grupo Transdev, de Francia. El gerente de la EPMME, Efraín Bastidas, enfatizó que, “después de doce años de espera, estamos viviendo un hito histórico, porque, por primera vez tenemos un oferente seleccionado para la operación del Metro”, pero el 4 de agosto se dio a conocer que dicho “hito” había quedado en el aire, ya que se había suspendido la firma del contrato por errores cometidos por funcionarios de la entidad quiteña.
Este nuevo contratiempo obligó a la repetición del proceso para la selección de la empresa operadora, con sujeción al cronograma reajustado para cumplir la aspiración de que, después de tantos escollos, este sistema de transporte, inédito en el país, entre en servicio en diciembre. No faltaron bromistas incrédulos que dijeron que el Burgomaestre ha prometido que esa gigantesca obra entrará en servicio en diciembre pero que no ha concretado el año… Pero es evidente que ha demostrado esfuerzos para cumplir la hoja de ruta.
En la etapa previa a la primera convocatoria doce firmas mostraron interés por la licitación pero luego se abstuvieron diez y en este segundo llamado participan las mismas dos empresas que presentaron ofertas en la primera ocasión: el Consorcio Colombo-Francés por 160 millones de dólares anuales y Metro Sao Paulo, de Brasil por 263 millones.
Cabe anotar que están pendientes la decisión sobre el sistema de recaudación de pasajes y la reorganización de rutas y frecuencias de los buses urbanos, lo cual debe resolverse cuanto antes a fin de evitar otro impedimento para el arranque del Metro, que constituirá columna vertebral del transporte masivo de Quito y que se complementará, en primera instancia, con la prolongación del recorrido hacia Carcelén y La Ofelia.