Para diciembre de 2006, justo antes de que Correa asuma la presidencia, la deuda pública era de USD 13 873 millones y ya había una prohibición de que esas obligaciones superen el 40% del PIB. A enero de 2018, la deuda estaba, según el Observatorio de Política Fiscal, en USD
64 944, un valor que supera en mucho ese límite, todavía vigente, del 40%. ¿Cómo logró el gobierno endeudarse tanto?
Porque no es fácil quintuplicar la deuda de un país, además de violar un tope puesto por una ley, más aún durante el período de la mayor bonanza petrolera que hayamos visto en la historia.
Parece innecesario decir que, a diferencia del año 2006, hoy la deuda pública sí es un lastre para la economía y vamos a necesitar muchos años para salir de este problema.
Así, para endeudarnos tanto fue necesario alinear varios factores. Por un lado hubo que modificar la normativa sobre deuda y, por otro lado, hubo que disparar el gasto público a unos niveles tan astronómicos que, a pesar de los altos ingresos del petróleo, la plata no alcanzó y fue necesario contratar más y más deuda para cubrir unos gastos que no paraban de crecer.
Las reformas normativas arrancaron en
diciembre 2008 cuando una ley “evaporó” más de USD 1 000 millones de la deuda del gobierno con el Banco Central (con eso se bajó artificialmente el saldo de la deuda); luego vinieron las reformas al Código de Finanzas Públicas en el 2010 y al Código Monetario en 2014. En palabras del Foro de Economía, esas dos leyes “pusieron las bases de la indisciplina fiscal y del endeudamiento agresivo de los últimos años” porque permitieron que el Banco Central le preste plata al gobierno (debilitando su balance) y se excluyó del cálculo la deuda de corto plazo.
Pero el peor cambio regulatorio vino en octubre 2016 cuando, con un decreto presidencial, se cambió la fórmula para calcular la deuda pública, quitándose todo aquello que se le debía, por ejemplo, al IESS, al Banco Central o a los municipios. Con eso se esfumaron más de USD 10 000 millones en lo que hasta el mismísimo Fondo Monetario ha definido como un cálculo errado.
Adicionalmente, el Ministerio de Finanzas decidió, en 2009, que la preventa de petróleo no era deuda, a pesar de que es una obligación que se va extinguiendo con pagos periódicos y que devenga intereses, o sea, algo que cualquier persona (fuera de ese Ministerio) no dudaría en definir como “deuda”.
Con todos esos cambios, la deuda pudo crecer mucho más allá del 40% que permitía la ley. Y eso, el haber creado una estructura que permitió saltarse una norma, parecería ser la base del informe de la deuda de Contraloría que encuentra indicios hasta de responsabilidad penal en el expresidente y varios de sus funcionarios.
@VicenteAlbornoz