Ahora que acaban de iniciar su gestión alcaldes, prefectos y demás autoridades locales, es fundamental que, más allá de los aspectos internos de la institución, no se pierda de vista los problemas y desafíos existentes en sus territorios.
No es suficiente que la prestación de los servicios que generalmente hacen los municipios (agua, alcantarillado, recolección de la basura y manejo de residuos) se hagan bajo criterios de eficiencia, eficacia y calidad sino que los todos los esfuerzos estén encaminados a mejorar las condiciones de vida de la gente.
El gobierno por resultados, basado en los principios básicos de la democracia moderna, tiene como preocupación fundamental atender las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía. Es decir, apunta a mejorar las condiciones de vida, lo cual significa en el fondo trabajar en múltiples aspectos: gestión y planificación del territorio, impulso de la económica local y generación de empleo, seguridad ciudadana, hábitat y protección del medio ambiente, movilidad sostenible, desarrollo y protección social, promoción de la cultura, entre otros.
Es cierto que, de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, cada gobierno local tiene sus funciones y competencias específicas. Sin embargo, muchas de estas competencias se pueden ejercer de manera concurrente a través de una serie de mecanismos legales que les facultan a trabajar en un amplio espectro de áreas como las que se acaba de mencionar.
Si las autoridades locales piensan que esto solo es competencia del gobierno nacional, sus territorios caminan a la postración y subdesarrollo. Es preciso tomar la iniciativa.
El gobierno por resultados parte de un adecuado diagnóstico de los problemas. Luego vendrá la valoración y priorización de los mismos para buscar alternativas de solución. Todo debe hacerse en función de indicadores y cumplimiento de metas. Solo así es como se puede tener éxito en la gestión de gobierno: tener como prioridad las necesidades de la gente.