La permanencia o la ausencia de honradez, veracidad y respeto a las leyes en el convivir diario, enaltecen o desprestigian a un país en el concierto mundial; en el Ecuador la corrupción ha sentado sus dominios con increíble cinismo. La historia nacional está enriquecida con ejemplos de valiosos pensadores que avizoraron que el fraude a la nación es la lacra que la degrada: Simón Bolívar estableció, el 11 de septiembre de 1813, la pena capital para los defraudadores de la principal fuente de ingresos de la república que, en aquella época, era la renta del tabaco; igual pena decretaba para “aquellos jueces o personas a quienes por su parte toque aplicar o ejecutar esta ley en modo sumario y se les pruebe haberla mitigado en favor de los delincuentes, por connivencia, parcialidad u otra cualquier causa”. Juan Montalvo decía “Robar a la nación es robar a TODOS; el que la roba es dos, cuatro , diez veces ladrón; roba al que ara y siembra, al que empina el hacha…al padre de familia, al profesor, roba al grande, roba al chico…”
Han transcurrido más de 150 años y nos encontramos inmersos en un retroceso moral, tanto que el templo de la legalidad y justicia, la Corte Constitucional, se ha cuarteado por un dictamen de seis de los nueve jueces que, contaminados con temor al populismo, han dado lugar a un descomunal caos político, pues la Asamblea ha tergiversado esta resolución y la ha utilizado para violar la constitución y la ley orgánica de la función legislativa, generar una crisis institucional y dar pábulo al viciado afán de la mayoría legislativa: otorgar impunidad a sus compinches sentenciados por dolo, para devolverles la posibilidad de incrementar sus turbias, insaciables y suculentas riquezas. Con este fin armaron un truculento juicio político para destituir al presidente de la república, del que despotrican con insolencia e irrespeto. El presidente tiene la obligación de defender su dignidad y el sagrado honor patrio, debe llamar a muerte cruzada y salvar al Ecuador de un futuro tenebroso.