Enrique Ayala Mora

Fiscalización e impunidad

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Viernes 27 de julio 2018


La Asamblea Nacional está secuestrada por una minoría de legisladores que impiden se ejerza la función de fiscalización. Electos en las listas de Alianza País, un grupo de correístas y varios de los que apoyan al presidente Moreno, se juntan en la Comisión de Fiscalización para mantener la práctica de diez años, que bloquea la posibilidad de que se conozca y se juzgue las irregularidades o actos de corrupción del pasado régimen.

Esta actitud no es legítima, sino un grave perjuicio al país, porque encubre los robos, sobreprecios y malos manejos. Rompe una tradición que viene de la fundación de la República en 1830. Desde el inicio se dio la llamada a “juicio político” o “interpelación” a los ministros de estado, que podían ser sujetos de “censura” y destitución.

La constitución vigente estableció que todas las comisiones de la Asamblea podrían ejercer la fiscalización y llamar a informar a los ministros y otros altos funcionarios, pero el trámite queda allí y no llega a la Legislatura en pleno. Se estableció una “Comisión de Fiscalización” que, pese a su nombre, tiene atribuciones muy limitadas. (por ejemplo, no puede investigar denuncias). Sólo tramita las solicitudes de juicio político que se presentan en la Legislatura. Por mayoría, resuelve si una llamada a juicio político debe ir o no al pleno. De este modo, con la mayoría de un voto en la comisión se impide el juicio, se viola el derecho a enjuiciar que tienen todos los legisladores y la atribución del cuerpo legislativo en pleno a oír al funcionario, debatir y decidir sobre su censura y destitución.

Pese a las declaraciones constitucionales y a las repetidas afirmaciones sobre la existencia de amplia fiscalización, ésta fue suprimida por el correísmo.

No se censuró a un solo ministro. Ninguno llegó siquiera al pleno de la Asamblea Nacional para juicio político. La información se limitó al máximo.

Las denuncias no prosperaron ante una mayoría que abolió la fiscalización en la Legislatura.

El gobierno de Correa fue responsable de la impunidad. La causa de fondo es la existencia de una estructura constitucional y legal que, pese a la tan decantada vocación “garantista” de la Carta Política, por un lado establece amplísimos derechos y garantías en sus declaraciones, pero, por otro, organiza al estado de modo que solo haya un poder real, que los niega y viola.

El derecho de que la gente tenga información sobre la cosa pública y el derecho de los legisladores a fiscalizar la acción de los funcionarios, especialmente los ministros, a nombre de sus mandantes que son los electores, desaparecieron. Se debe, por ello reformar la Constitución. Y de inmediato, reorganizar la que llegó a ser “Comisión de Archivo” y no de fiscalización, que ahora podría consagrarse como “Comisión de Impunidad”.