León Roldós

De extremo a extremo

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Miércoles 06 de noviembre 2019

lroldos@elcomercio.org

Hasta el domingo 17 de noviembre deberá votarse en la Asamblea la ley cuyo proyecto envió el Presidente Moreno, con carácter de urgente, el 18 de octubre, que tiene múltiples materias, en 202 páginas, 404 artículos, 22 leyes reformadas y decenas de disposiciones generales, disposiciones transitorias y derogatorias.

Se requerirá 70 votos afirmativos para decidir la aprobación del texto íntegro; o la negativa del texto íntegro; o el texto sustitutivo, por re elaboración total o parcial del texto enviado por el Ejecutivo. De no haber los 70 votos, el proyecto, el 18 de noviembre, será ley de la República. Un número reducido de asambleístas habrá leído el proyecto de ínfima socialización en la ciudadanía. Si dejan pasar el paquetazo, la figura de Poncio Pilatos, lavándose las manos, evidenciaría lo que es la realidad política del Ecuador.

Por la cuasi quiebra de la caja fiscal, que arrastra a la economía, de acuerdo que se requiere una ley que asegure inmediatos ingresos.

Podría ser una que eleve temporalmente por tres años los tarifarios de impuesto a la renta empresariales y para personas naturales, antes que introducir irracionalidades archivadas desde el correato, como aquella de castigar a las personas naturales quitándoles las deducciones para gastos de educación, salud, alimentación y vivienda, ahora encubierta en una barrera de USD 100 000, que luego será USD 50 000 y después la eliminarán.

Historia de siempre: legislar con vaselina sobre el bolsillo de los ciudadanos, para luego elevar la carga tributaria.

No es admisible que se armen paquetazos legislativos, que aun incluyen articulados con dedicatoria, como es el caso de las prórrogas de las concesiones en Galápagos, por 25 años.

Tampoco que se viabilicen equipos que pasen a manejar hasta por seis años espacios blindados de poder, como serían los casos de la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera, como persona jurídica, añoranza de la Junta de Planificación de los años 60s y 70s, con super poderes, en que se sustentaron las dictaduras militares de esas décadas, y un Directorio todo poderoso del Banco Central.

De acuerdo que haya un Directorio del Banco Central del Ecuador que asegure una gestión profesional de éste. Lo que no se debe es pasar del extremo del saqueo de esa institución, en el correato, a un blindaje en que la entidad ni siquiera quede sometida al orden jurídico del Ecuador en cuanto a contratación pública y a relaciones laborales. No puede haber un banco supra-autónomo que quede fuera del control de la Superintendencia de Bancos -que no sólo debe controlar a los bancos comerciales- y de la Contraloría, en lo que no sea administrativo.

Las inmunidades que habría en los dos casos, podrían convertirse en riesgo de impunidad.