Luego del fracaso del proyecto de controlar la libertad expresión, mediante la exótica figura de la Superintendencia de Comunicación, el correísmo y algunos compañeros populistas no cesan en su afán de limitar el principio básico de la democracia, que es la libertad de expresión. Con este antecedente, el gobierno actual está a punto de caer en la trampa de una objeción parcial del nuevo proyecto sobre la materia en curso. Esto permitirá al régimen, crear nuevas disposiciones, inclusas modificadas según el 138 de la Constitución. Por eso parece que la tentación de controlar a la libertad de expresión, la de opinión y de prensa es consustancial a todo ejercicio de poder. Este es el motivo por el cual el régimen debe diferenciar entre tentación y pecado .
Pero en este ejercicio los promotores ignoran que antes de cualquier garabato jurídico en la materia existe un marco jurídico obligatorio establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El artículo 13 de ese instrumento abarca con amplitud los aspectos de la libertad de expresión en un régimen democrático. Desde los derechos hasta temas como la censura y las responsabilidades ulteriores y la cesura en temas como los relacionadas con el racismo, la guerra y la protección de menores . Si esta convención de gran prestigio mundial está vigente y obligatoria, cuál es prurito del anterior gobierno y el actual dictar medidas de control, bajo el pretexto de incorporar defensorías del pueblo frente a posibles agresiones desde la prensa.
El argumento que empieza a esgrimir el gobierno de que el veto total es peligroso, es una falacia, salvo que los asesores de Carondelet tengan las facultades de los Oráculos y se pan cómo será el Ecuador en un año; además, hasta el penúltimo año, tendrán el gatillo de la muerte cruzada,
El sistema de autocensura de los medios es un capítulo que en democracia solo les corresponde a ellos. No es un ámbito de decisiones políticas y públicas, que pueden anidar protervas intenciones.