Las doce tabletas del código de Hammurabi -el más antiguo del mundo-, escritas en Mesopotamia, 1750 a. C., están vigentes. Allí están los conceptos de ética elemental como la igualdad entre los seres humanos, la presunción de inocencia y la famosa Ley del Talión. Otra referencia inequívoca es la Ética a Nicómaco, la obra más conocida de Aristóteles sobre la ética, fundamento de la filosofía occidental, consistente en diez libros que contiene notas impartidas a los jóvenes en el Liceo.
Esta narrativa histórica sobre los códices registra los intentos de los seres humanos por regular sus comportamientos en aras de lograr una convivencia reglada, inspirada en el bien y el mal, que se expresaba en premios y castigos. Al principio, la administración de esta justicia primitiva estaba arbitrada por los ancianos -poseedores de una sabiduría natural, basada en la experiencia- que infundían respeto y confianza.
En las sociedades modernas, con los aportes de pensadores como Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, filósofo y jurista francés de la Ilustración, en el “Espíritu de las Leyes”, la división de los poderes del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial estableció un nuevo paradigma en lo político que, con matices, todavía subsiste. La ética política nació como “una rama de la filosofía que se refiere a la conducta humana y su relación con las nociones del bien y el mal, aplicado a las personas que trabajan para los demás”.
En el contexto nacional, la ética ha sido normada, no solo por los colegios de profesionales de libre ejercicio -medicina, periodismo, abogacía, economía, ingeniería, arquitectura y otros-, sino por diferentes estamentos de la sociedad: la empresa privada, las ONGs y el Estado.
En cuanto a la ética política, los experimentos han fracasado. En el Ecuador existen leyes y códigos que no se aplican, se aplican a conveniencia o se vulneran. El cambio va, entonces, más allá de las leyes y los códigos de ética; lo que fallan son las personas, y porque los sistemas controladores son funcionales a un círculo de poder que maneja los recursos estatales -propiedad de los ciudadanos- con discrecionalidad.
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